Gonzalo Boye, el abogado de los principales dirigentes separatistas, entre ellos el prófugo Carles Puigdemont y el inhabilitado Torra, y también del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, ha cerrado su despacho profesional por "insuficiencia de masa activa", según el auto del juzgado mercantil 16 de Madrid.
Boye, que fue condenado por participar en el secuestro a cargo de ETA del empresario Emiliano Revilla, aún debe pagar la indemnización a la víctima, 1,2 millones de euros. También debe una fianza de 900.000 en un caso de blanqueo en el que estaría implicado junto a otro de sus célebres clientes, el narcotraficante Sito Miñanco.
La pareja de Boye, la también letrada Isabel Esbal, fue quien solicitó el concurso de acreedores el pasado 28 de septiembre, pero el juez ha considerado que tal concurso no era viable y ordena el cierre del despacho sin prejuzgar "la posibilidad de deducir contra los administradores de la sociedad las acciones de responsabilidad que cualquier acreedor pueda considerar procedentes en Derecho".
Revilla solicitó en 2018 el embargo de los saldos de las cuentas corrientes de Boye, de su salario en el bufete que comparte con su pareja y de los ingresos por sus apariciones televisivas y colaboraciones en medios. Boye recurrió aduciendo que el pago de la indemnización habría prescito.
Todo un historial delictivo
Boye fue condenado en 1996 a catorce años de cárcel -de los que cumplió sólo seis- por el secuestro de Emiliano Revilla. El pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional acordó hacer efectivos los embargos y profundizar en la investigación patrimonial de Boye para que se ejecutar el pago de la indemnización al empresario. La sentencia contó con el voto discrepante de uno de los cinco magistrados, Ramón Sáez Valcárcel, que consideraba como Boye que el pago había prescrito. Se da la circunstancia de que el "progresista" Sáez Valcárcel acaba de ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta de Unidas Podemos.
Además, Boye tiene que hacer frente a una fianza de novecientos mil euros en la Audiencia Nacional por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales relacionado con la trama del narcotraficante Sito Miñanco.
El año pasado, el despacho de Boye declaró unos ingresos inferiores a los trescientos mil euros y una perdidas superiores a los cien mil a pesar de la notoriedad y poderío económico de algunos de sus "ilustres" clientes, como Puigdemont o el antecitado Miñanco.