Policías y guardias civiles buscan apoyos políticos para no ser víctimas de la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana

La preocupación en el seno de la Policía Nacional y la Guardia Civil va en aumento según se van filtrando desde el Gobierno algunos de los posibles cambios que se podrían incluir en la Ley de Seguridad Ciudadana. Es por ello que los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil se están empezando a movilizar para hacer presión y no convertirse en los grandes perjudicados por la reforma.

En ambos cuerpos coinciden en que algunos de los puntos filtrados van a entorpecer gravemente el trabajo de los agentes e, incluso, les pueden convertir en los grandes victimas. Se trata de cambios como el de no penalizar la distribución de imágenes de los agentes que son grabadas por terceros, el permiso para celebrar manifestaciones espontáneas sin comunicación previa o reducir las multas relacionadas con incidentes violentos en función de los ingresos del infractor.

También ven un problema la limitación del material antidisturbios que se puede emplear en caso de algaradas callejeras, el hecho de que tengan que devolver en menos de dos horas al punto inicial a una persona llevada a comisaría porque no lleva identificación, además de la desaparición del principio de veracidad de los agentes en los atestados que realizan, lo que creen que va a destruir lo poco que queda del principio de autoridad de los agentes.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha contactado en las últimas horas con los diputados que forman parte de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para solicitarles que "actúen con toda la energía y rapidez" para evitar que la modificación de la ley en los términos que en estos momentos se están filtrando "cause un perjuicio irreparable a los policías y a la totalidad de la ciudadanía de nuestro país".

"En un ejercicio de incoherencia difícil de superar, el Gobierno que debe dotar a los policías de medios y normas para realizar su trabajo, se dedica a lo contrario reformando la Ley para limitar la capacidad operativa de la Policía, especialmente en los casos de gran conflictividad social. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana barrerá de un plumazo lo que quedaba del principio de autoridad necesario para mantener la paz social", mantienen desde el sindicato policial.

La asociación JUCIL (Justicia para la Guardia Civil), la gran vencedora de las elecciones internas al Consejo del Instituto Armado que se han celebrado hace unas semanas, también tiene intención de mantener en los próximos días encuentros con todos los grupos parlamentarios para que puedan conocer y valorar, de primera mano, la opinión que los responsables en el día a día de la seguridad en España tienen sobre los puntos que se van filtrando de la modificación de la ley.

El secretario de comunicación de la asociación, Agustín Leal, considera que "nos encontramos con un argumento de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que adolece más a criterios políticos que jurídicos" y que "realmente lo único que se consigue con estas modificaciones es desproteger, más todavía si cabe, a las Fuerzas de Seguridad el Estado en su labor profesional".