La Fiscalía insiste en archivar la investigación sobre el rescate del Gobierno a la aerolínea chavista Plus Ultra

La Fiscalía Provincial de Madrid insiste en dar carpetazo a la investigación sobre el rescate millonario del Gobierno a la aerolínea chavista Plus Ultra. El Ejecutivo y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) rescataron a la compañía con 53 millones de euros con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones.

En un escrito remitido a la titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid Esperanza Collazos, que investiga la causa, la Fiscalía afirma "que habiéndosenos dado traslado del informe pericial intitulado ‘Plus Ultra Líneas Aéreas S. L.’, emitido por Martín Molina Abogados y Economistas SLP y que integra la Pieza Separada Informe Pericial, no existen en las conclusiones del mismo elementos contundentes que permitan cambiar el criterio expuesto por esta parte en anteriores informes". Es decir, solicitar el archivo del caso.

"El auto dictado el 14 de junio de 2021 encomendó dicha pericia con el fin de informar si la compañía cumplía en el momento de la concesión de la subvención pública la normativa aplicable. Desde el escrito del Ministerio Fiscal de fecha 7 de junio de 2021, tenemos declarado que para determinar si la actuación por la que se siguen estas diligencias previas, ha sido o no correcta, y en su caso si encaja en alguno de los tipos penales por los que se formula querella, era imprescindible conocer la normativa y si el expediente íntegro de la concesión de ayuda a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SL se sujetaba a la misma", apunta la Fiscalía.

"Si entonces contábamos", añade, "con dos informes de expertos independientes que con base en la información aportada por registros públicos avalaban la concesión de la ayuda, en este momento procesal una nueva pericia concluye: ‘se podría considerar que la compañía Plus Ultra cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas, a pesar del amplio espectro de alguna de las mismas (…) excepto en lo referido a si la sociedad se encontraba, o no, en situación de crisis a fecha 31 de diciembre de 2019’".

"Las dudas que sostiene el perito sobre la situación patrimonial de la compañía a dicha fecha se refieren a la existencia de un préstamo participativo, a no haber registrado provisiones, cancelación de la deuda de los bonistas y posible situación de insolvencia. Estos extremos nos remiten necesariamente a las conclusiones del informe. El análisis efectuado por el perito contempla cuatro escenarios posibles dos de los cuales no permiten colegir que la sociedad estuviera en crisis en la fecha referida, evidenciando así que, al menos en esos casos, se cumplirían la totalidad de las condiciones establecidas", destaca el Ministerio Fiscal.

"Por ello y de acuerdo con lo expuesto, el Ministerio Fiscal se considera instruido en el contenido del informe pericial del que se nos da traslado y mantiene el criterio expuesto con anterioridad", concluye.