La Junta de Seguridad de Cataluña celebrada en Barcelona ha traído importantes novedades que no van a gustar en exceso en las altas esferas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha traslado personalmente a Barcelona para presidir la reunión de este órgano coordinador entre el Estado y la comunidad autónoma y el resultado es que se ha accedido a todas las viejas peticiones de la Generalidad.
La primera ha sido la ampliación de la plantilla de los Mossos d´Esquadra en un 20 por ciento. Se ha acordado que se puedan incorporar 3.739 agentes autonómicos en varias promociones, lo que hará ascender el número de efectivos totales, cuando acaben todas las incorporaciones, hasta los 22.006 efectivos. Una decisión llamativa cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen un auténtico agujero negro en sus plantillas de toda España.
Los últimos datos facilitados por el propio ministerio del Interior indican que ambos cuerpos suman un déficit de más de 22.000 efectivos. En el caso de la Policía Nacional, el número de vacantes disponibles es de 11.888. En el caso de la Guardia Civil, hay 9.894 puestos que no se pueden ocupar por falta de personal. Lo llamativo, es que ambos cuerpos tienen problemas graves, sobre todo, en Cataluña, de donde los agentes piden salir por la presión nacionalista.
Otra de las medidas aprobadas es la de que los policías autonómicos catalanes puedan hacer vigilancias transfronterizas dentro del espacio europeo Schengen, siempre en el marco de investigaciones propias bajo autorización judicial, tal y como hacen ahora mismo Policía y Guardia Civil. Una petición que también llevaban realizando desde hace más de una década desde la consejería catalana de Interior.
Para llevar a cabo estas investigaciones los Mossos d´Esquadra serán dados de alta dentro de los sistemas policiales europeos al mismo nivel que el de las fuerzas estatales, por lo que también les permitirá tener acceso a bases de datos internacionales. Mossos y Ertzaintza llevaban años pidiéndolo, Interior no daba luz verde por desconfianzas políticas, y Marlaska ha dado su visto bueno a ambos cuerpos autonómicos en menos de seis meses.
Y de lo que sí ha estado en la reunión a la que no ha entrado dentro de los temas de debate y tal vez deberían haber sido tratados. El primero de ellos, el intento de la policía catalana de entrar en las competencias de aguas interiores y exteriores, para lo que los Mossos ya han encargado varias embarcaciones e, incluso, han firmado un acuerdo con el Ministerio de Transportes para formación.
Esta competencia es exclusiva de la Guardia Civil según deja claro la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y ratificó en 2019 un dictamen de la Comisión Nacional de Policía Judicial. En la Guardia Civil están molestos por la posibilidad de que Interior permita una OPA hostil de los agentes autonómicos, sobre todo después de que PP, Vox y Cs se quedan solos defendiendo al Instituto Armado hace poco más de un mes en el Congreso de los Diputados.
El otro tema espinoso no ha querido tratarse es el intento de los nacionalistas de quedarse con las instalaciones que tiene la Policía Nacional en la vía Laietana de Barcelona, en pleno centro de la capital catalana, y donde quieren expulsar al cuerpo para montar un museo ideologizado. Un edificio que ocupa la Jefatura Superior de Cataluña y que es escenario habitual de las iras de los independentistas más violentos.