Un sindicato pide a Marlaska el cese del director de Prisiones por su "buenismo" con los terceros grados

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, está pasando sus peores días desde que tomó posesión del cargo. Su carrera por vaciar las cárceles utilizando para ello la concesión de terceros grados le ha estallado en las manos tras el asesinato del pequeño Alex en Lardero (La Rioja), a manos de un depredador sexual que había obtenido el tercer grado en contra del criterio de los profesionales de la prisión en la que cumplía condena.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha pedido este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que proceda al cese inmediato de su colaborador y amigo Ortiz por la "nula gestión que ha realizado durante esto últimos años" y la "desastrosa gestión que están realizado con el aumento de la concesión de los terceros grados a presos por el pago de pluses a los directores de prisiones".

En una carta remitida al departamento de Interior, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, los responsables de la asociación ponen de manifiesto que tanto el "buenismo" en la concesión de estos terceros grados como las regresiones de grado de los presos han provocado una situación "que en la historia de Prisiones nunca se había visto" y que están teniendo consecuencias negativas para toda la sociedad.

Estos funcionarios exponen su "hartazgo" ante la "dejadez de funciones" de Ángel Luis Ortiz desde que llegó al cargo para atajar "el grave problema de las agresiones a los trabajadores penitenciarios que se acumulan en las prisiones españolas" y por el hecho de que manipulen las cifras para "quitar importancia a un problema que arrastramos durante décadas y no se le quiere poner solución legal, y es la de considerarnos agentes de la autoridad".

Entre los debes en estos años del director de Prisiones también incluyen "la dignificación de la figura del funcionario", la equiparación salarial con los funcionarios de prisiones de Cataluña, que Instituciones Penitenciarias se niega tan siquiera a negociar, la reclasificación de los niveles funcionariales, la recuperación del 100 por cien de las pagas extras o la alarmante falta de personal en todos los centros penitenciarios.