El asesinato del pequeño Alex la pasada semana, niño de apenas 9 años, a manos de un depredador sexual en la localidad riojana de Lardero ha puesto la lupa sobre la política penitenciaria que está llevando a cabo el Ministerio del Interior. Sobre todo después de que se conociera que el depredador sexual que cometió el crimen había obtenido el tercer grado, que le habilitó para alcanzar la libertad condicional, en contra del criterio de los profesionales de la prisión.
Esta situación ha sacado a la luz una política gubernamental de vaciar las prisiones que, hasta ahora, parecía que solo afectaba a los terroristas de ETA como pago político a los apoyos de EH Bildu –que integra a los herederos de Batasuna-ETA– , pero que ha dejado patente que está beneficiando también el resto de internos. Una política que es vista con reticencia por los sindicatos de prisiones.
Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP, el principal sindicato de funcionarios de prisiones, denuncia que Instituciones Penitenciarias está llevando a cabo una política en la que priman los presos por encima de los trabajadores y la productividad de las direcciones de los centros por encima de todo. Explica que se están anteponiendo las estadísticas por encima del objetivo principal de la cárcel, que es la reinserción de los presos en la sociedad.
"La administración nos ha quitado toda la autoridad y ha entregado el principio de veracidad a los presos. Se da presunción de veracidad a toda denuncia que haga un interno. Sin embargo, los informes del personal no tienen la misma consideración. También se prima la productividad de los directores", explica, con un baremo que premia la concesión del tercer grado a los presos, como ya denunció este sindicato en diciembre de 2020.
"Se están entregando puntos de productividad a los directores por conceder un tercer grado o porque no haya intentos de suicidio, pero no por la falta de incidencias o porque haya todas las medidas necesarias para que no se agreda a los funcionarios. Y sufrimos una agresión cada 36 horas. Una muerte por suicidio restaría puntos, pero si un interno agrede a un funcionario o a otro interno esto no sumaría puntos ni restaría puntos al director", continúa.
Jugar con las estadísticas
El portavoz de ACAIP advierte de que la sociedad se puede enfrentar a "situaciones de riesgo" o sucesos como el crimen de Lardero cuando "se dejan de lado los informes elaborados por los funcionarios de prisiones" y se trata a los presos como una mera estadística. A su juicio, no se debe conceder el tercer grado a un preso por el mero hecho de que haya realizado un programa determinado en prisión.
"No se puede jugar con las estadísticas. El objetivo es la reeducación, que no reincidan cuando salen. Si un incidente se produce, se produce, no hay que obviarlo ni ocultarlo. Si no tendremos en la calle a gente que no debe estar en la calle. No debemos jugar con eso. Se le deben dar los programas de tratamiento adecuados y luego que se tengan en cuenta los informes que se hacen: si el preso ha aprovechado el curso o únicamente ha estado en él para poder acceder al tercer grado", concluye Leyva.
Manuel Galisteo, coordinador general del sindicato de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), denuncia "una política de buenismo" por parte de Instituciones Penitenciarias que siempre beneficia al preso, hasta el punto de que ahora se le dota del principio de veracidad y cualquier denuncia de un interno, aunque no haya parte de lesiones, puede acabar con un funcionario sentado ante el juez.
Confirma también la carrera de Interior por vaciar las cárceles. "Se está presionando para vaciar las prisiones, como demuestra que los terceros grados que se conceden afecten al baremo de productividad del director de la prisión, que puede cobrar hasta 2.000 euros anuales más. Cada viernes firmo muchísimos más terceros grados que antes", explica este funcionario a Libertad Digital.
"Quieren el menor número de presos posible en la cárcel. PSOE y Podemos, especialmente Podemos, no quieren cárceles ni presos. Una diputada de Podemos llegó a decirnos que si por ella fuera no existían presos en España. Y no todos los presos son iguales. Hay un 60-65% presos que podría volver a la sociedad, pero que hay otro 35-40% que no debería volver a pisar la calle. Son un peligro. Y los funcionarios de prisiones que están con ellos en el día a día pueden decir sin problema quiénes son", continúa.
Es esta la razón por la que se muestra en contra de que Instituciones Penitenciarias apruebe terceros grados en contra del criterio de los funcionarios que trabajan en las prisiones, como pasó en el caso del depredador sexual que asesinó al pequeño Alex. "Les falta el trato diario con el interno. No tienen el feedback necesario. Desoyen a quien está con el preso en el día a día solo para alcanzar una estadística de terceros grados", concluye.
La fijación por sacar presos a la calle
El objetivo del Ministerio del Interior de sacar a la calle el mayor número de presos posibles no es algo que digan sólo los sindicatos de funcionarios de prisiones, sino que lo ha reconocido también públicamente el propio director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que llegó a este puesto de la mano de su amigo personal, el propio ministro, Fernando Grande Marlaska.
En diciembre de 2019, se repartió en la cárcel de Burgos el periódico gratuito La Voz del Patio, elaborado dentro del programa formativo de la prisión y sufragado económicamente por la obra social de la Fundación Caja Burgos y La Caixa. Ese número –el tercero que se imprimía– llevaba una entrevista con Ortiz cuyo titular no dejaba lugar a dudas: "Mi objetivo es que se incremente el número de presos en tercer grado".
Preguntado directamente por cuáles eran sus objetivos como máximo responsable de Instituciones Penitenciarias afirmaba que el primero consistía en incrementar el número de presos que acceden al tercer grado. Según decía, cuando llegó al cargo eran el 15,9 por ciento del total, en el momento de la entrevista ya alcanzaba el 18 por ciento y el objetivo era continuar aumentando esa cifra.
Unas palabras que el propio Ángel Luis Ortiz ha llegado confirmar en sus comparecencias en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Fue el caso, por ejemplo, del pasado 22 de abril, cuando intervino en la Cámara a petición de los partidos de la oposición. Entonces ensalzó el incremento del número de presos que disfrutaban del tercer grado gracias a su gestión.
"En lo que concierne a la población clasificada en medio abierto, es decir, todas las personas clasificadas en tercer grado, y aquellas, en torno a unas 600, clasificadas en segundo grado, pero con la modalidad de vida del tercer grado, conocido popularmente como artículo 100.2, se ha pasado de un 17,7 por ciento a un 20,5 por ciento, es decir, un crecimiento de casi tres puntos", destacó entonces Ortiz.
Cuando el amigo de #Marlaska ,alardeó en el Congreso de aumentar el tercer grado de un 17,7% a un 20,5% y la semilibertad un 122% ,desde que llegó el PSOE y #Marlaska al Gobierno.
— Ana Vázquez Blanco (@anadebande) November 1, 2021
No nos callarás #Marlaska !!#MarlaskaDimisión pic.twitter.com/jRKM7XxUqF