Después de que en el mes de septiembre la Audiencia Nacional declara legal su cese como jefe de la Guardia Civil de Madrid por parte del Ministerio del Interior, el coronel Diego Pérez de los Cobos ha dado un nuevo paso judicial presentando un recurso de casación contra esta decisión ante el Tribunal Supremo.
En dicho recurso el coronel alega que su cese es arbitrario, delictivo y discriminatorio y subraya que la Audiencia se apartó de la jurisprudencia sobre la necesidad de motivar ceses de funcionarios públicos en puesto de libre designación para declararlo legal.
Hay que destacar a este respecto que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional consideró justificado para cesarle el argumento esgrimido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aludió a la pérdida de confianza en el coronel. Señalaron en septiembre los magistrados de esta Sección que "habiendo quebrado la confianza, no tenía sentido la declaración de reincorporación al destino". Por ello no veían lógico mantener "al interesado en el mismo" puesto "imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva".
Para la sala, esa pérdida de confianza llegó, como reza la sentencia, por la "no información" del "desarrollo", no del contenido, de "investigaciones y actuaciones" llevadas a cabo por la Guardia Civil sobre la relación de la manifestación del 8M de 2020 con el inicio de contagios por coronavirus. Todo ello, apunta la sentencia, en el amplio y, a veces, confuso "marco operativo y de Policía Judicial".
La AN no ve "desviación de poder" en su cese
El cese fue ordenado pocos días después de declararse el primer estado de alarma y provocó una lluvia de críticas al Ministro de Interior al que se llegó a acusar incluso de destituir a un oficial de reconocido prestigio y con una larga trayectoria profesional por no haberle informado de las pesquisas que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Sin embargo, la sala estimó el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, que alegó en representación del Ministerio del Interior que el cese de Pérez de los Cobos no supuso "desviación de poder" al deberse a una pérdida de confianza.
En este sentido, la sentencia recoge que "no se advierte en el supuesto de autos desviación de poder" al "constatarse en la propia sentencia de instancia una justificación suficiente del cese en los términos señalados". Sentenció así del lado del ministro Marlaska que alegó que el coronel informó 8M antes de su cese hasta que cambió unilateralmente su comportamiento. También negó el titular de Interior su interés en conocer un informe que afectaba al delegado del Gobierno en Madrid y a Fernando Simón.
Se anuló su reincorporación
La decisión de la sala de considerar legal su cese también supone la revocación de la sentencia de 31 de marzo de 2021 del Magistrado Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, que había anulado la resolución administrativa, del Secretario de Estado de Seguridad, que dispuso el cese de Pérez de los Cobos como Coronel Jefe de la Comandancia de Madrid y la que la confirmó en alzada, del Ministro del Interior.
Entonces, el magistrado Celestino Salgado declaró "ilegal" el cese del coronel al entender que "la motivación de la propuesta de cese" no era "real, o al menos no se" ajustaba "a la realidad". En ese momento, ordenó a Grande-Marlaska que reingresase a Pérez de los Cobos en su puesto.
La Audiencia Nacional rechazó ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló el cese rechazando de esta forma que pudiese reincorporarse inmediatamente a su puesto, al considerar que, de volver, cuando el fallo aún no era firme, podría causar un perjuicio de "imposible reparación" a quien ostentaba ese cargo.
Por su parte, el coronel se defendió alegando en su recurso que su cese era una "directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal, como hubiera sido haber informado a los responsables políticos del Ministerio del Interior de una investigación sometida a la más estricta reserva".