David Madí, uno de los figurones más influyentes en el nacionalismo en las últimas tres décadas, ha declarado que la denominada Operación Cataluña (acuñada por el excomisario José Manuel Villarejo, que en su línea de defensa se atribuyó un supuesto encargo para combatir policialmente el proceso separatista) "es el equivalente a los GAL en el País Vasco con el pequeño detalle de no matarnos".
Madí, que fue mano derecha de Artur Mas, dirigente de Convergència y miembro del comité estratégico de Puigdemont, clave en la organización del referéndum ilegal, ha apuntado a un presunto "pacto de Estado" que habrían arbitrado Soraya Sáenz de Santamaría y el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba para acabar con el proceso independentista a toda costa. Según las elucubraciones de Madí, tal pacto entre PP y PSOE "desencadenó una operación de persecución, asedio y disuasión que tiene muchas ramas: la policial, la mediática, la política y una muy silenciosa de la Agencia Tributaria".
En declaraciones a la emisora de la Generalidad, Catalunya Ràdio, Madí indicó que "el Estado español está lleno de Villarejos, de microvillarejos en la Policía, la Guardia Civil y la Fiscalía, en todos los lados". Que la Fiscalía también albergue en su seno esa clase de individuos, según el relato de Madí, es compatible con que Madí asegure que en el caso por el que es investigado (la presunta financiación irregular de Puigdemont, la trama rusa del proceso separatista y la organización del Tsunami Democràtic) el Ministerio Público haya aceptado un recurso del interesado para archivar la causa.
Madí, en la actualidad presidente de Aigües de Catalunya y que tras abandonar el primer plano de la política fue contratado como asesor por Telefónica y nombrado presidente del consejo asesor de Endesa en Cataluña, trata de desmarcarse ahora de cualquier vinculación con el proceso a pesar de haber sido uno de los miembros más notables del comité estratégico que montó Puigdemont al margen del gobierno autonómico.
El empresario sostiene que alguien le puso en una "lista negra" junto a otros independentistas con los que dice no tener ninguna vinculación y vaticina que las investigaciones durarán aún otros cuatro o cinco años.