Blindar la producción de contenido en catalán en la futura ley audiovisual que prepara el Gobierno ha sido objetivo desde el principio en las negociaciones con el separatismo tanto para ERC como para Junts de cara a condicionar sus apoyos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. A principios del mes de octubre, el pleno del Parlamento catalán ya aprobó una moción que instaba al Gobierno a conseguir un porcentaje mínimo de contenido audiovisual en las plataformas de streaming como Netflix, Amazon o HBO y es ésta la exigencia que han vuelto a poner encima de la mesa.
"Todo lo que sea respeto a la pluralidad es bueno", dijo la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, la semana pasada en una entrevista en RNE al respecto de esta exigencia no solo de ERC sino también del PNV para incluir contenido en vasco. Pero lo cierto es que a día de hoy el Gobierno no ha trasladado ningún compromiso público más allá de las palabras de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de quien depende el nuevo texto y que hace varias semanas afirmó tras el Consejo de Ministros que "el Gobierno está absolutamente comprometido con la protección de las lenguas cooficiales" evitando entrar en porcentajes.
Ante la ambigüedad de Moncloa, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, retomaba este lunes sus amenazas y lanzaba este aviso al Gobierno en vísperas de la presentación de enmiendas a los PGE: "Saben que para abrir la negociación hace falta que se proteja el catalán en el marco de la legislación audiovisual en el Estado español". El plazo para la presentación de las enmiendas a la totalidad finaliza el próximo viernes y los de Junqueras, que si bien hasta hace una semana sostenían que no eran partidarios de fomentar el ruido en las negociaciones, este lunes lo fían todo a esta condición: "Ahora depende de ellos que la puerta se cierre. La pelota está en el tejado del Gobierno", advertía Vilalta.
Otra de los aspectos menos conocido en el reclamo de los socios separatistas en lo que respecta a esta ley audiovisual tiene que ver no solo con exigir ayudas para la producción en catalán y regar con más millones a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales sino también incluir cuotas de doblaje al catalán en estas plataformas en contenidos dirigidos al público infantil.
En ERC no descartan llegar a un acuerdo antes del viernes con el Gobierno aunque exigen que ese compromiso vaya más allá de una promesa sobre papel y se verbalice en público. Para mayor gesto de presión, los de Junqueras también han planteado este lunes la posibilidad de celebrar con miembros del Gobierno una reunión para hacer "inventario" en la que evaluar el grado de cumplimiento de sus reclamaciones.