La norma conocida como ley del "solo sí es sí" impulsada por Irene Montero contempla la tercería locativa, una figura que el Gobierno de Felipe González eliminó del Código Penal en 1995 y que ahora vuelve y propone sanciones penales para todos aquellos que se lucren con el alquiler de un piso o un club para ejercer la prostitución con el objetivo de "penar el proxenetismo en todas sus formas", incluido el "no coactivo" (el no violento).
Desde Cats (Comité de Ayuda a las Trabajadoras Sexuales) insisten en que la ejecución de esta norma puede ser muy peligrosa, ya que además de "criminalizar y estigmatizar" a las trabajadoras del sexo, puede entrar en conflicto con la inviolabilidad de domicilio, recogido en el artículo 18.2 de la Constitución Española: "Cualquier vecino que sospeche que en el tercero izquierda se ejerce la prostitución tendrá derecho legal a llamar a la policía para que intervenga. ¿Y cómo se decide que en esa casa se ejerce la prostitución? Nos acordamos de Corcuera...", ha señalado su portavoz Nacho Pardo refiriéndose a la ley ‘patada en la puerta’.
Concretamente la redacción del Ministerio estipula que "con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, o cualquier otro espacio, abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona", será "castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a dieciocho meses sin perjuicio de la clausura" del local.
ERC, el PNV, Bildu, JxCat y la CUP, aliados del Gobierno, además de Ciudadanos, ya mostraron el pasado miércoles en el Congreso su rechazo a las propuestas del Ministerio de Igualdad en lo que respecta a la tercería locativa y han advertido a Montero de que sólo podrá sacarlas adelante con el apoyo de la derecha.
Incluso dentro del mismo grupo de Unidas Podemos hay disenso: En Comú Podem también ha registrado una enmienda de supresión y sostiene que reformar el Código Penal para introducir la tercería locativa "mantiene, e incluso refuerza, la falta de consideración hacia el consentimiento, la voluntad y la capacidad de autodeterminación de las personas que ejercen la prostitución".