Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra se han personado este martes en las instalaciones de TV3 para requerir documentación sobre la trama corrupta de Convergència relativa al cobro de mordidas de un mínimo del 3% en adjudicaciones y contratos de la Generalidad. Los papeles han sido pedidos por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien investiga una de las múltiples ramas de las actividades delictivas de la antigua Convergencia, cuyos miembros se reparten ahora entre el PdeCat (el partido en el que aún milita Artur Mas) y Junts per Catalunya (JxCat), las siglas de Puigdemont.
Pedraz dictó un auto el pasado 29 de septiembre que ha sido el esgrimido por los agentes para exigir una documentación en poder de varias empresas, entre ellas la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), en la que están integradas TV3 y la emisora Catalunya Ràdio. El magistrado solicita los contratos suscritos por TV3 con la productora Triacom entre los años 2008 y 2016. Los agentes no han podido acceder a la documentación, aunque responsables de TV3 han asegurado que facilitarán al juez tales papeles a la mayor brevedad. Según tales responsables, los agentes no han practicado una entrada y registro sino que han pedido una información que se facilitará "próximamente".
Los requerimientos de Pedraz, 21 en total, están destinados además a otras empresas y productoras como Mediapro, dirigida por Jaume Roures y Tatxo Benet, el "Institut Català de Empreses Culturals", las consejerías de Economía y Presidencia de la Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona, el "Servei Meteorològic de Catalunya" o la constructora Benito Arnó, entre otras.
Según la investigación judicial, la productora Triacom habría sido el canal empleado para una trama de facturas falsas y fraude fiscal que encubriría la financiación irregular del partido Convergencia y el cobro de sobornos. El pasado mayo, una juez de Barcelona dio traslado a la Audiencia Nacional del asunto, en el que además del exgerente de Triacom Oriol Carbó constan como investigados David Madí y el empresario Juan Manuel Parra.
Según las investigaciones judiciales funcionarios y empresarios "pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a Convergencia y "alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de 'dirigir' los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban 'donaciones' a fundaciones ligadas a CDC". Esta pieza del denominado caso 3% afecta al que fuera mano derecha de Mas en el partido, Germà Gordó, desligado ahora de las ramas radicales del separatismo y que sería supuestamente el que daba las órdenes para la emisión de facturas falsas.