Los miembros del "Equipo de Respuesta Táctica" de los Comités de Defensa de la República (CDR) que fueron detenidos en una operación de la Guardia Civil en septiembre del año pasado tenían numerosos datos sobre una decena de personalidades entre políticos, tertulianos y activistas contrarios al independentismo.
Según desvela el digital El Triangle, además de anotaciones sobre Pablo Casado o el dirigente de Ciudadanos José Manuel Villegas, los miembros de este grupo habían atesorado información sobre la alcaldesa de Sabadell, la socialista Marta Farrés, y la concejala de Podemos en la misma ciudad Marta Morell. También figuran en sus listados Manuel Valls, el exdiputado del PP Juan López Alegre, conocido por su participación en tertulias, el activista que retira lazos amarillos Antonio López, la exconcejal del PP en Alella Annerose Bloss, el diputado socialista Francisco Aranda, jefe de gabinete del primer secratario del PSC, Miquel Iceta, o el que fuera jefe de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra Carles Hernández, que fue obligado a dimitir tras ser acusado falsamente, como se demostraría en un juicio, de torturas a unos sujetos de los tristemente célebre CDR.
Los detenidos disponían de las matrículas de los vehículos de la mayoría de los citados, así como información detallada sobre sus lugares de residencia, trayectos y horarios.
A pesar de todos estos indicios y pruebas, tanto ERC como JxCat insisten en que la operación que sirvió para desarticular este grupo fue un montaje con el que se pretende sembrar sospechas sobre el "pacífico" movimiento independentista. Los detenidos fueron entrevistados en TV3, que los presentó como cabezas de turco.
Estos individuos tenían planes muy avanzados para asaltar el parlamento regional catalán y para atentar contra agentes de Guardia Civil y Policía Nacional. Disponían de las matrículas de los vehículos camuflados de estos cuerpos y también de coches privados así como información sobre instalaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Según la fiscalía, entre los objetivos de estos miembros de los CDR constituidos en banda terrorista figuraban la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación del Gobierno en Barcelona, la Fiscalía Superior de Justicia y la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil. También pretendían volar torres de alta tensión y peajes así como atentar contra la empresa Amazon. Serán juzgados por terrorismo en la Audiencia Nacional.