La acusación popular ejercida por el abogado malagueño Antonio Urdiales ha pedido la abstención de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para que no dé instrucciones a la Fiscalía en el caso de la entrada irregular de Brahim Ghali por la base aérea de Zaragoza porque su comportamiento en la Audiencia Nacional, donde fue fiscal del caso, invita a no considerarla imparcial.
Urdiales presentó ayer un incidente de abstención contra la fiscal general para "dejar sin efecto las órdenes o instrucciones que haya podido impartir" a su fiscal jefe de Zaragoza y que "se abstenga en el futuro" por "existir indicios" de que podría "tener interés directo o indirecto en el asunto contra Ghali".
El incidente "de abstención" presentado contra la fiscal general Dolores Delgado es, de hecho, una "recusación", mediante la cual se pide que la fiscal no intervenga en este proceso judicial dados sus antecedentes en otro proceso contra Ghali en la Audiencia Nacional, a raíz del cual se considera que su imparcialidad no está garantizada.
Ahora se ha recordado que el caso Ghali tuvo que ver con el despacho de Baltasar Garzón y su compañera sentimental, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Cuenta hoy ABC que ambos realizaron "maniobras dilatorias" en la Audiencia Nacional para conseguir la prescripción de los delitos de los que presuntamente era autor Brahim Ghali.
La causa fue abierta tras la denuncia de la Asociación Saharaui de Derechos Humanos (Asadedh) por genocidio, asesinato, detención ilegal, torturas, terrorismo, desapariciones y lesiones entre 1975 y 1990, y que seguía abierta cuando el jefe polisario entró en España el pasado 18 de abril.
Urdiales presentó ayer un escrito en el que afirma que Garzón y Delgado coincidieron en la instrucción de la causa en la que desembocó la querella de Asadedh. Dado que el último hecho supuestamente delictivo de Ghali se cometió en abril de 1990, podía producirse la prescripción en abril de 2010, veinte años después, quedando pendiente únicamente el presunto delito de genocidio.
Pero desde 2007, en un marco de gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y momento en que se presentó la querella de Asadedh, Garzón y Delgado procedieron a dilatar la instrucción para que no se admitiese a trámite la querella, acto que detendría inmediatamente el proceso de la prescripción. Tal conducta es calificada por Urdiales de "proceder antijurídico" y "desafuero".
Se ha conocido este comportamiento porque Rafael Lasala, juez de Zaragoza que instruye el caso por la entrada irregular de Ghali en España, solicitó toda la documentación judicial de la causa de la Audiencia Nacional para tener en cuenta las actuaciones ya practicadas en su investigación.
Según Urdiales, Baltasar Garzón y Dolores Delgado se encargaron de la denuncia de Asadedh a principios de 2008 y dos años después aún no habían admitido a trámite la querella. Por ejemplo, Delgado tardó seis meses en pedir una comisión rogatoria a Argelia para saber si había una causa similar en ese país. Pero es que Garzón dio traslado a esta petición de la fiscal un año después y ante las protestas de Asadedh por haber transcurrido más de año y medio sin resolución alguna.
En enero de 2010, tres meses antes de la prescripción forzosa, Garzón archivó la causa a la espera de que respondieran los dos países consultados, Argelia y Marruecos, que no lo habían hecho. Pero Garzón fue inhabilitado en 2012, y sustituido por el juez Pablo Ruz, que admitió la querella.
Sin embargo, todos los delitos de los que se acusaban a Ghali habían prescrito ya salvo el de genocidio. Por eso, el juez Santiago Pedraz archivó de nuevo la causa contra Ghali el pasado verano.
Eliminar la acusación popular
La exministra de Asuntos Exteriores del gobierno de Pedro Sánchez dijo con claridad al juez Lasala que a ver si se enteraba de una vez de que todo lo perpetrado por el gobierno social-comunista era legal, por razones humanitarias y adecuado a los usos y costumbres diplomáticos. Por ello, la acusación no procede ni hay delito. No mencionó el pasaporte falso del líder del Frente Polisario, conocido ya como Brahim Ghali que destrozaba sus argumentos.
Cuando se conoció que el juez Rafael Lasala de Zaragoza, la ciudad por la que entró Ghali a España, iba a imputar a Camilo Villarino, ex jefe de gabinete de la ministra, se puso en marcha la maquinaria que puso al servicio del investigado la Abogacía del Estado. Igualmente, la ex ministra se benefició del servicio gratuito y el asesoramiento presuntamente cualificado para contrarrestar a dos abogados de la acusación popular que actúan en nombre propio y por sus medios.
Hace una semana se supo que la Abogacía del Estado había pedido al juez que exigiera el pago de 150.000 euros a cada letrado de la acusación popular para poder estar personado en el procedimiento. 10.000 euros más al abogado malagueño Antonio Urdiales, al que acusa de filtrar el contenido de las sesiones de los interrogatorios a los medios de comunicación.
El juez Lasala, sin embargo, ha desestimado la petición de la Abogacía del Estado, pero de forma inmediata su representante en el procedimiento ha presentado un recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Zaragoza que, de prosperar, hará inviable la presencia de la acusación popular en la instrucción del caso.