La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, quiere imponer un Código Ético a los fiscales. Fuentes del Ministerio Público consultadas por Libertad Digital muestran su estupor por esta iniciativa de Delgado, ya que desde que llegó al cargo "no ha firmado ningún decreto de abstención", a pesar de que fue antes ministra de Justicia y de que el despacho de abogados de su pareja, Baltasar Garzón, está personado en varias causas judiciales.
El pasado 22 de septiembre, Delgado presidía el pleno del Consejo Fiscal en el que se daba cuenta de las bases para convocar las elecciones a la Comisión de Ética Fiscal. Las elecciones estarán abiertas a toda la carrera fiscal y en ellas se votará a los miembros de la Comisión entre las candidaturas que se presenten. Ahora, Delgado capitanea esta iniciativa que ideó en su día su antecesora en el cargo, María José Segarra.
Las mismas fuentes consultadas por LD insisten en que Delgado "debería abstenerse en todas las causas relacionadas con asuntos políticos y con corrupción. También en todos los casos en los que el despacho de abogados de Garzón, Ilocad, esté personado". En este contexto, se preguntan con indignación e incredulidad: "¿Cómo va a impulsar Delgado un Código Ético en la Fiscalía?".
Precisamente, la defensa del exjefe de los Servicios de Inteligencia venezolanos, Hugo Carvajal entregaba la semana pasada al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, documentación sobre supuestos contratos del despacho de abogados de Garzón con la petrolera venezolana PDVSA. ILOCAD habría sido contratado por 8,8 millones de euros por PDVSA para supuestas labores de "coordinación con la Fiscalía y los tribunales en España". Una contratación que fue suscrita en el año 2016 y que en la actualidad salpica a la fiscal general del Estado y pareja de Garzón.
Recordamos que el artículo 27 del Estatuto fiscal señala que los fiscales "se abstendrán de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto les sean de aplicación. Las partes intervinientes en los referidos pleitos o causas podrán acudir al superior jerárquico del fiscal de que se trate interesando que, en los referidos supuestos, se ordene su no intervención en el proceso. Cuando se trate del fiscal General del Estado resolverá la Junta de Fiscales de Sala, presidida por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo".
Para sortear su abstención, Delgado toma decisiones a través de su mano derecha en el Ministerio Público, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, que se ha convertido en su "brazo ejecutor" y del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, al que ascendió y encargó la investigación del rey emérito.
Tres veces reprobada como ministra
Como ministra de Justicia, fue reprobada en dos ocasiones por el Congreso y una tercera por el Senado, en apenas año y medio de mandato. Las razones fueron los audios de Villarejo en los que llamó "maricón" a su excompañero de Gobierno, Fernando Grande-Marlaska. Además, mientras Villarejo reconocía en dichas grabaciones haber creado una "agencia de modelos" para sonsacar "información vaginal" a políticos, "gente importante" e integrantes de consejos de administración. Delgado respondía: "Éxito garantizado".
La segunda reprobación se produjo por el intento de abandonar a su suerte al magistrado instructor del 1-O, Pablo Llarena, tras ser demandado por los golpistas fugados; y por último, la tercera reprobación se sustentó en su intervención para que la Abogacía del Estado acusara en la causa del golpe por sedición y no por rebelión, tras la purga del abogado del Estado, Edmundo Bal.
Causas de Garzón
Los abogados del despacho de Baltasar Garzón, ILOCAD, defienden o han defendido a algunos de los principales imputados de las causas más mediáticas de la Audiencia Nacional.
En el caso Villarejo, al que fuera número 2 de la Policía, Eugenio Pino, y a los comisarios Carlos Salamanca y Enrique García Castaño. Garzón reconoció haber recibido el encargo de trabajar con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de un despacho de abogados de los EEUU para interponer una querella contra dos ex directivos de esta entidad.
Su despacho también defiende a Hervé Falciani, ciudadano suizo al que en 2013 la Audiencia Nacional negó su extradición a Suiza, acusándole de haber robado más de 130.000 datos de clientes que ocultaban sus fondos con aquel país. También ejerce la defensa de Julian Assange, fundador y propietario de Wikileaks refugiado en la embajada de Ecuador en Londres en 2012 ante dos acusaciones de presuntos abusos sexuales y coacciones ocurridos en Suecia.