Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, a la única pregunta que le formuló el fiscal del caso, respondió ayer en su comparecencia que no supo nada y que se enteró por la prensa del pasaporte que presentó Brahim Ghali en el Hospital San Pedro de Logroño que, como se supo inmediatamente, era un pasaporte falso.
Pero su exjefe de gabinete, Camilo Villarino, dijo ante el propio juez en comparecencia que consta en vídeo, que cuando fue informado de la existencia de un pasaporte, saltaron las alarmas –recuérdese que reconoció haber pedido que no se le identificara como era obligatorio a su llegada–, y decidió solicitar información sobre qué documento había presentado, decisión de la que hay que suponer estaba informada su ministra en tiempo real.
Además, Villarino presentó al juez copia del pasaporte falso que Brahim Ghali había usado a su entrada por Zaragoza y dijo al titular del juzgado Rafael Lasala que no podía revelar el nombre de la persona que le remitió los documentos desde Logroño tras la llegada de Ghali. Si los documentos le fueron remitidos a Villarino, es de suponer que éste los pusiera en conocimiento de la ministra.
Los documentos aportados por Vilarino en su comparecencia el 13 de septiembre fueron la copia del pasaporte argelino presuntamente utilizado por Ghali en su entrada en España y la autorización de viaje de su hijo Oali, un documento expedido el 28 de mayo de 2021, es decir, cuatro días antes de su regreso a Argelia. Villarino dijo haberlos recibido de un remitente anónimo que no podía identificar en ese momento.
La acusación requirió los documentos
Eliseo Sánchez, jefe de gabinete de la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, fue quien presuntamente remitió por email a Villarino copia del pasaporte a nombre de Mohamed ben Batouche, no de Brahim Ghali, en su ingreso en el hospital de Logroño.
Por eso, fue la acusación popular representada por el letrado malagueño Antonio Urdiales quien requirió al investigado Camilo Villarino Marzo, según el articulo 334 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que
"En el plazo de DOS AUDIENCIAS, ponga a disposición de este Juzgado, con apercibimiento que de no hacerlo le será incautado el dispositivo, el/los emails de origen español, adjuntando el pasaporte de Ghali y el documento de viaje de su hijo, de los que hizo entrega en el Juzgado durante su declaración".
Además, pedía
"El email o wasap conteniendo la copia del pasaporte de MOHAMED BENBATOUCHE y que le remitió su compañero ELISEO SANCHEZ".
El juez Lasala, en providencia de 24 de septiembre de 2021, acordó que se procediera conforme a lo solicitado por el letrado Urdiales. La abogada del Estado, María del Mar González Bello, en escrito presentado hoy mismo mismo ante el juzgado de Zaragoza, alega que los documentos ya constaban en el sumario y dice que los vuelve a remitir.
Pero uno de los documentos que remite ahora es un documento diferente al presentado por Villarino porque se trata de un permiso de residencia, algo muy diferente de un documento de viaje, que, como es sabido, no autoriza a ingresar en el espacio Schengen, y que fue el que presentó el exjefe de gabinete de la ministra al juez Lasala.
En realidad, lo que el letrado Urdiales le había requerido eran los emails mediante los cuales tales documentos les habían sido transmitidos a Villarino. A ello, la letrada responde textualmente que Villarino borró los correos electrónicos, salvo los documentos identificativos de Ghali y su hijo. En concreto, lo expresa de este modo:
"No obstante, si lo que entendemos que se solicita es la aportación de correos electrónicos o whatsaps en los que se plasmó ese traslado de documentación, lo primero que ha de ponerse de manifiesto es que el Sr. Villarino, mientras fue Jefe de Gabinete en el Ministerio de Asuntos Exteriores, mantuvo la costumbre de ir borrando cada cierto tiempo sus correos electrónicos, por motivos de seguridad y de minimizar el daño en caso de hackeo de los equipos. Mantuvo en este caso la documentación anexa, dadas las publicaciones en prensa sobre el posible uso de una identidad falsa en el hospital de Logroño".
Y añade:
"En cualquier caso, aunque esto no hubiera sucedido, tal y como explicó el Sr. Villarino en su declaración, no podía revelar las personas concretas que eran sus contactos en este asunto. Ha de tenerse en cuenta el carácter reservado existente en esta materia por afectar a la seguridad y a las relaciones internacionales. Por ello, no podría pretenderse obtener ahora solicitando esta aportación, conocer quién fue el remitente de dicho correo o whatsaps".
Termina diciendo:
"En último término, además de la imposibilidad física (correos eliminados) y de la imposibilidad legal de aportación (deber de proteger el carácter reservado de la información), nótese que se está requiriendo la aportación (bajo apercibimiento, además) a quien ostenta la condición de investigado, desconociendo la acusación solicitante los más elementales principios de nuestro procedimiento penal".
Urdiales ha manifestado a LD que la abogada del Estado debe tener en cuenta lo acordado por el juez García Castellón con respecto al exministro del Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, en el caso Kitchen en relación a sus dispositivos móviles y su correspondencia electrónica.