La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se ha negado a contestar al titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, quién ordenó en el Gobierno de Pedro Sánchez la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Ghali llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí fue trasladado en una ambulancia para ingresar en el Hospital San Pedro de Logroño. Posteriormente, el 2 de junio salía de España rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas por presuntas violaciones de los Derechos Humanos. El magistrado decidió no dictar ninguna medida cautelar contra el líder del Frente Polisario.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que Laya, cuya defensa ejerce en esta causa la Abogacía del Estado, se ha negado a contestar hasta en 3 ocasiones al juez instructor, amparándose en la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968 durante el régimen franquista. Según dicha Ley, "podrán ser declaradas ‘materias clasificadas’ los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado".
De esta forma, ha rechazado aclarar ante el juez preguntas sobre la identidad de las personas a las que se comunicó el viaje de Ghali, las conversaciones que mantuvo con otros miembros del Ejecutivo y tampoco ha contestado quién tomó la decisión final para que el líder del Frente Polisario viajara a nuestro país para ser tratado en el hospital de Logroño. "Laya ha asegurado que había que proteger la intimidad del paciente, y por eso ya era suficiente para que no fuera identificado en frontera", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD aseguran que la exministra de Exteriores durante su comparecencia como imputada ha añadido que siempre actuó "conforme al principio de legalidad". Además, se ha negado a contestar a las acusaciones populares que ejercen los letrados Antonio Urdiales, cuya denuncia originó la causa, y Juan Carlos Navarro, que se personó posteriormente en el caso.
Tras su comparecencia, Laya se presentó ante los medios de comunicación a las puertas del Juzgado y señaló que "la entrada de Ghali" se hizo bajo su punto de vista "conforme a la Ley". Según la exministra de Asuntos Exteriores así se lo ha transmitido instructor y espera que el propio magistrado Rafael Lasala alcance esta misma conclusión.
También ha declarado este lunes, pero en calidad de testigo, José María Muriel Palomino, que en el momento de la llegada de Ghali a España era secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Posteriormente, fue cesado el 21 de julio por el ya nuevo ministro, José Manuel Albares. Muriel Palomino ha afirmado que, al ser fin de semana, estaba en su casa cuando entró Ghali y que no sabía nada al respecto, ni fue informado.
La declaración clave del ex nº 2 de Laya
La Abogacía del Estado que defiende a Arancha González Laya representa además en la causa al exjefe de gabinete de la exministra de Exteriores, Camilo Villarino, también investigado en el procedimiento. Villarino en su declaración ante el juez señaló a la exministra y a la que fuera directora del gabinete de Carmen Calvo cuando era vicepresidenta primera del Gobierno como conocedoras de la entrada de Ghali.
A raíz de tales afirmaciones, las acusaciones solicitaban incluir en el procedimiento las testificales de la exvicepresidenta primera y su directora de gabinete, así como a la jefa de gabinete del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Esta última ya tiene fecha para comparecer ante el juzgado. Según fuentes de la causa, está citada para el próximo 18 de octubre.