Mil millones de euros. Una cifra redonda que la Generalidad de Cataluña destina a gastos identitarios para el fomento de una "construcción nacional" de carácter excluyente. Son, según el informe "A más nacionalismo, menos servicios" elaborado por la entidad Impulso Ciudadano, las "partidas hipernacionalistas", dinero que se detrae de las áreas sociales para engordar el proyecto nacionalista y financiar un grueso entramado de intereses.
Impulso Ciudadano calcula que la Generalidad destina cada año 517 millones al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; 253 a TV3 y Catalunya Ràdio; 48 millones a la "acción exterior" ("embajadas", viajes para difundir el procés, invitaciones y agasajos a figuras internacionales...); 32 al Consorcio de Normalización Lingüística y otros 31 millones a diversos programas de promoción del catalán y erradicación del español; 6,8 para el defensor del pueblo autonómico (que acaba de pedir un "indulto anticipado" para Puigdemont); 6 millones para el departamento de comunicación de Presidencia de la Generalidad y 5,6 millones al Consejo Audiovisual de Cataluña para que diga que los informativos de TV3 son los más plurales de todos. A estas partidas habría que sumar, además, las subvenciones a medios afines y la inserción de propaganda "institucional" en los mismos, que es una forma de subvención encubierta.
Según Impulso Ciudadano esos gastos identitarios impiden dedicar recursos a servicios básicos como la enseñanza no doctrinaria, la sanidad, la atención a dependientes y ancianos, la vivienda social o las infraestructuras.
A bote pronto, y según el análisis de la citada entidad, con esos millones se podrían construir 3.234 viviendas públicas para alquiler social, contratar a 3.167 médicos de Atención Primaria, a 3.775 profesores de Secundaria, se podría construir un hospital con seiscientas camas, pagar las sesiones completas de quimioterapia de 4.272 pacientes, comprar 769.230 dosis de la vacuna de Pfizer o 697.674 de la de Moderna y un largo etcétera.