Marlaska acelera el traslado de etarras al País Vasco a pocos días de entregar el control de esas cárceles al PNV

La cuenta atrás para que el Gobierno vasco pase a controlar los tres centros penitenciarios que hay en la región se inició hace ya unos meses. Ahora, a escasos días para que se haga efectivos, el Ministerio del Interior ha dado un acelerón importante al traslado de terroristas de ETA que cumplen condena a esas prisiones vascas. Este miércoles ha confirmado el traslado de siete etarras al País Vasco y de otros dos a Navarra.

La decisión no ha gustado nada a las principales asociaciones de víctimas, que llevan meses denunciando que estos traslados se realizan como pago político a EH Bildu –la coalición que integra a los herederos del brazo político de ETA– por sus apoyos puntuales al Gobierno de Pedro Sánchez, y que se vienen realizando sin que estos etarras colaboren con la justicia –tal y como marca la ley– y en contra de los criterios de las juntas de tratamiento de las cárceles.

Dignidad y Justicia ha denunciado que estos traslados se deben a que el Gobierno "necesita dar oxígeno a los asesinos y a sus cómplices en las instituciones públicas como el Congreso de los Diputados para que mantengan el chiringuito del Gobierno. Bildu, heredero de ETA y Batasuna, aliado de Sortu (investigado actualmente por la Audiencia Nacional), es pieza clave en el futuro del sanchismo. Sin Bildu no hay Sánchez".

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha asegurado que con estos traslados, "en el día de hoy, no sólo se ha humillado a las víctimas acercando a sus domicilios a presos etarras, el ministro del Interior vuelve a dejar claro que cuando dejó la toga, también dejó la decencia". E insiste en destacar que este nuevo acercamiento es fruto de los acuerdos Gobierno-EH Bildu de "presos por presupuestos".

Los nueve terroristas que serán trasladados al País Vasco y Navarra son Unai Bilbao Solaetxe, Ibai Beobide Arza, Joanes Larretxea Mendiola, Igor Portu Juanena, José Antonio Borde Gaztelumendi, Andoni Goicoetxea Gabirondo, Alaitz Aramendi Jaunarena, Jesús María Gómez Ezquerro y Jon Crespo Ortega.

Unai Bilbao Solaetxe. De la cárcel de Burgos a la prisión de Bilbao. En 2004 la Audiencia Nacional le condenó a 45 años de prisión como autor del asesinato de Juan Priede Pérez.

Ibai Beobide Arza. De la prisión de Burgos a la cárcel de Bilbao. Fue condenado en 2013 por la Audiencia Nacional a 20 años por pertenecer a ETA y ocultar explosivos en zulos y un trastero del País Vasco. En 2020 fue condenado a 29 años de cárcel por el atentado contra la sede de EITB en diciembre de 2008. Además, fue condenado en 2011 a 25 años de cárcel por la colocación de cuatro bombas en Cantabria durante el verano de 2008. En 2011 también fue condenado a 57 años y seis meses de cárcel por ser el autor material del atentado contra la Casa del Pueblo (sede del PSE) del barrio bilbaíno de La Peña, perpetrado el 17 de abril de 2008 y en el que resultaron heridos seis agentes de la Ertzaintza.

Joanes Larretxea Mendiola. Del centro penitenciario de Asturias a la cárcel de San Sebastián. Fue condenado a 44 años por su participación en el atentado contra Ignacio Uria en 2008. También fue condenado a 389 años de prisión por intentar una matanza de ertzainas en 2009 al colocar una bomba trampa en un repetidor de Hernani.

Igor Portu Juanena. De la cárcel de Daroca (Zaragoza) a la prisión de Pamplona. En mayo de 2010 la Sección 3ª le condenó a 1040 años de prisión como responsable del atentado de la T4 en el que murieron Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.

José Antonio Borde Gaztelumendi. De la prisión de El Dueso (Cantabria) a la de Bilbao. Entregado por México el 23 de noviembre de 2002. Miembro del "grupo Vizcaya" de ETA, alias Putxe, se le atribuye una veintena de atentados, cometidos entre 1978 y 1983. Se le atribuyen 16 asesinatos, pero sólo ha sido condenado por tres: Ramón Romeo Rotaeche, Luis Cadarso y Joaquín Gorjón González.

Andoni Goicoetxea Gabirondo. De la cárcel de El Dueso al centro penitenciario de San Sebastián. En 2019 fue condenado a 7 años de prisión por almacenar y ocultar artefactos explosivos y el material para confeccionarlos en varios caseríos y zulos situados en el País Vasco y Navarra.

Alaitz Aramendi Jaunarena. Del centro penitenciario de Ávila a la prisión de Álava. La Audiencia Nacional le condenó en 2017 a 535 años de cárcel por el atentado perpetrado con furgoneta bomba el 25 de mayo de 2005 en el madrileño distrito de San Blas, y que dejó a cerca de cincuenta personas heridas. La reclusa se encontraba en Francia cumpliendo condena por otro delito de terrorismo.

Jesús María Gómez Ezquerro. De la prisión de Asturias a la cárcel de Pamplona. Fue condenado en 2001 a cinco años de cárcel por prestar su vehículo para acciones terroristas y ocultar a miembros de ETA. Considerado miembro del grupo ETA Buru-Gogor (Cabeza Dura), ingresó en prisión el 5 de enero de ese año y cumple una condena de 25 años por terrorismo, atentados y colaboración con banda armada.

Jon Crespo Ortega. Del centro penitenciario de El Dueso, en Cantabria, a la prisión de Bilbao. En 2004 fue condenado a 5 años de prisión por delito de amenazas terroristas, por haber enviado el 17 de marzo de 2000 una carta amenazadora contra Ricardo Gutiérrez Solana, concejal del PP en Galdácano (Vizcaya) que fue distribuida entre todos los vecinos del edificio. En 2004 la Audiencia Nacional le condenó a cuatro años de prisión por incendiar el vehículo de un ertzaina en Galdácano, en mayo de 2001. En 2006 la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó una condena de dos años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional por un ataque, en compañía de otras personas, con cócteles molotov contra la fachada de la sede del diario El Correo, en Bilbao. En 2008 fue condenado a cinco años de prisión por diversos actos de violencia callejera, cometidos durante las fiestas patronales de Galdácano (Vizcaya) en el 2000, que utilizaron material explosivo e incendiario.