El Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en ocultar a la oposición los informes elaborados por la Abogacía General del Estado sobre el estado de alarma que ya solicitó Vox hace más de un año y que el Ejecutivo se negó a facilitar.
Los informes solicitados se refieren a los decretos de 14 y 17 de marzo de 2020, la primera prórroga del estado de alarma, el plan de desescalada y la ampliación de seis meses aplicada el pasado mes de octubre. La difusión de los mismos daría pistas fundamentales del papel que la Abogacía del Estado está desarrollando desde que Sánchez llegó al poder.
Cuenta ABC que la Abogacía pretende desactivar el recurso presentado al Tribunal Supremo remitiendo al partido de Santiago Abascal sólo algunos de los informes solicitados, en concreto los referentes a la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta prórrogas, al decreto que declaró el estado de alarma en Madrid, al que impuso el segundo estado de alarma, y dos más referentes a dudas diversas sobre la aplicación y expiración de las medidas decretadas.
Vox se queja de este envío parcial que excluye los informes más importantes y que los abogados del Estado apuntan al Supremo que queda por "contestada" la petición de Macarena Olona, por lo que piden la "terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal". En un escrito de alegaciones remitido al Supremo, al que ha tenido acceso el diario de Vocento, Vox denuncia que el Gobierno sigue ocultando cinco informes por lo que piden que el recurso siga adelante.
Nuevo varapalo judicial
El Tribunal Constitucional podría asestar la semana que viene otro varapalo al Gobierno si declaran inconstitucional el segundo estado de alarma.
Tal y como contó Libertad Digital, respecto a la sentencia sobre el segundo estado de alarma, recurrido también por Vox y cuya ponencia también ha sido elaborada por el magistrado Antonio Narváez, "aún debe deliberarse en el próximo pleno y está más en el aire que la sentencia sobre el cierre del Congreso". No obstante, igualmente se espera que reciba un apoyo mayoritario, e incluso superior a la sentencia sobre el primer estado de alarma que declaró por 6 votos a favor y 5 en contra "inconstitucional" el confinamiento del Ejecutivo durante la pandemia.
En esta sentencia se debaten tres puntos clave. En primer lugar, si el control parlamentario al Gobierno fue el idóneo durante un estado de alarma, si el modelo de "cogobernanza" del Ejecutivo con las Comunidades Autónomas fue legal y, en tercer lugar, se valorará el confinamiento que se acordó durante el citado segundo estado de alarma, que fue prorrogado durante 6 meses. Se espera que el TC acepte el criterio de Vox respecto a los dos primeros preceptos y no en el tercero, ya que durante el segundo confinamiento tuvo lugar la "desescalada" y fue menos restrictivo para los derechos fundamentales. Este supondría el segundo varapalo judicial para Sánchez en el mismo pleno del Alto Tribunal y en la misma semana.
