Once apuñalamientos, un número indeterminado aún de agresiones sexuales, robos con violencia y con intimidación, daños en coches particulares, dos vehículos de la Guardia Urbana quemados, lanzamiento de una motocicleta a la calzada desde un puente de la Gran Vía, quema de contenedores, quema de un pabellón de la Feria de Barcelona, destrozos en instalaciones policiales y un largo etcétera. El balance de daños de la segunda noche de las fiestas de la Merced de Barcelona es desolador.
Según datos de la Guardia Urbana, 25.000 jóvenes se congregaron en la plaza de España, otros 2.500 en las playas de la ciudad, 1.300 en el paseo del Borne y cerca de 1.000 en los aledaños del museo de arte contemporáneo MACBA. El escenario más peligroso fue el primero, la plaza de España, donde se registraron la mayoría de los altercados y los once apuñalamientos de los que hay constancia. También la zona de la plaza de España es donde se vivieron las escenas típicas del "terrorismo urbano", según la terminología empleada por la sección sindical del CSIF en el Ayuntamiento de Barcelona.
Grupos de jóvenes trataron de asaltar una comisaría, pegaron fuego a un pabellón de la Feria, así como a vehículos particulares y de la propia Guardia Urbana y se entregaron a la práctica de una violencia extrema contra personas y bienes materiales. Se montaron barricadas, hubo lanzamiento de botellas contra los efectivos policiales.
Once detenidos
En total hay once detenidos relacionados con estos hechos, que el citado sindicato atribuye a la permisividad de la alcaldesa, Ada Colau, y su equipo con los botellones, así como a la pasividad de la jefatura de la Guardia Urbana. Según una nota difundida a primera hora de esta mañana por el CSIF, "hay una pésima planificación de los servicios policiales. No se ha dado la orden de intervenir policialmente. Se les ha consentido por tibieza policial que estos desalmados hagan lo que quieran. Con esta política de seguridad que emana del propio gobierno municipal y de la dirección de la jefatura de policía se está poniendo en un grave riesgo la integridad física de la propia policía".
El sindicato exige dimisiones políticas y del jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, así como "una investigación interna para que se depuren responsabilidades sobre la gestión y toma de decisiones en los dispositivos de seguridad, que durante estas 48 horas nos están llevando al caos".
La nota sindical apunta también que "la dejación de funciones por parte del gobierno municipal tendría que ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Barcelona. Como también se tendría que investigar al propio Jefe de Policía de la Guardia Urbana. La policía no interviene porque sigue los criterios políticos y no los criterios policiales que deberían regir y aplicarse".