El Gobierno usa la Abogacía del Estado para que se deje de investigar el caso Ghali

El Gobierno está tratando, a través de la Abogacía General del Estado, frenar el escándalo del caso Ghali y que ya salpica al Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la imputación de la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y de quien era su jefe de gabinete, Camilo Villarino, que dijo que la entrada de Brahim Ghali en España fue una orden de arriba que recibió Laya.

Así, María del Mar González Bella, la abogada del Estado asignada por el Gobierno para defender a Villarino, ha urgido al juez del caso, Rafael Lasala, a que deje de investigar la entrada en España del líder del Frente Polisario y a que vete las informaciones sobre este asunto, tal y como cuenta este viernes el diario ABC.

Lo que se pretende, de esta forma, es evitar que Laya comparezca ante el juez y que pueda declarar que fue el propio presidente del Gobierno quien avaló dicha operación, o que en ella participaron otros miembros del Gobierno. Algo que Pedro Sánchez se negó a contestar en rueda de prensa desde Nueva York y que estaría justificado si atendemos a la información publicada por Ketty Garat que señala que Moncloa va a blindar al presidente para dejar sola ante el juez a la exministra.

En las alegaciones enviadas al juez y a las que ha tenido acceso el diario de Vocento, queda claro el veto que propone a las informaciones publicadas sobre este caso porque "se está instrumentalizando este procedimiento para acceder a información especialmente sensible", y que en estas diligencias subyace una "finalidad mediática". Dice que la actuación del Gobierno a través de Villarino fue "plenamente legal" por lo que pide dar carpetazo a la investigación judicial.

Además, afirma en el escrito que esta investigación judicial resulta inconveniente porque alcanza "materias reservadas por afectar al interés general del Estado en el ámbito de las relaciones internacionales".

En otro argumento solicita el inmediato sobreseimiento de las diligencias y que el juez adopte "las medidas pertinentes" para limitar la información periodística, unas noticias que califica como "continuas filtraciones a la prensa".