El TC debatirá la sentencia sobre la Prisión Permanente Revisable en el próximo pleno de octubre después de 6 años

El Tribunal Constitucional debatirá la sentencia sobre la Prisión Permanente Revisable en el próximo pleno de octubre, 6 años después de que se presentara el recurso.

Fuentes del Alto Tribunal consultadas por Libertad Digital afirman que la ponencia de sentencia elaborada por la vicepresidenta del Constitucional, Encarnación Roca, ha recibido el visto bueno del presidente Juan José González Rivas para que se delibere en el primer pleno que se celebrará en la primera semana de octubre.

La Prisión Permanente Revisable fue aprobada en el Congreso de los Diputados en marzo de 2015 junto a la Ley de Seguridad Ciudadana por el Partido Popular durante la presidencia de Mariano Rajoy. Seis meses después, la oposición liderada por el PSOE junto a CiU, IU, ICV-EUiA, CHA, la Izquierda Plural, UPyD, el Grupo Parlamentario Vasco y el Mixto recurrían ante el Constitucional.

Las mismas fuentes consultadas por LD recuerdan que la ponencia de la sentencia cambió el pasado otoño, por lo que la magistrada Encarnación Roca comenzó a estudiarla a finales de 2020. Roca es considerada una buena jurista del denominado sector progresista. En la sentencia sobre el primer estado de alarma votó a favor de declararlo inconstitucional y denunció las presiones recibidas de la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

La pena de prisión permanente revisable está prevista en el artículo 140 del Código Penal para los asesinatos en los que la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; cuando el asesinato sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido por el autor sobre la víctima; cuando el autor del crimen pertenezca a un grupo u organización criminal; y cuando el reo de asesinato haya sido condenado por la muerte de más de dos personas.

Desde que en marzo de 2015 la Prisión Permanente Revisable fuera aprobada por el Congreso de los Diputados y a pesar de ser muy cuestionada, hasta la fecha se ha aplicado al menos en una quincena de casos graves de asesinato.

Esta pena aprobada como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana está sujeta a revisiones que pueden derivar en que el reo recupere la libertad y se ha aplicado en casos de gran relevancia social y mediática como el del descuartizador de Pioz, Patrick Nogueira, que mató a sus tíos y a sus primos para posteriormente descuartizar los cadáveres; o el del asesino de Diana Quer, José Enrique Abuín, alias el Chicle. Ambas condenas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo. También se ha aplicado en el caso de Ana Julia Quezada, que fue condenada en septiembre de 2019 a prisión permanente revisable por asesinar en 2018 al niño Gabriel Cruz en Almería. Condena que fue confirmada por el Supremo en diciembre de 2020.

El objetivo de la Prisión Permanente Revisable

El objetivo de la Prisión Permanente Revisable es impedir que los delincuentes más peligrosos que no han demostrado capacidad de reinserción puedan volver a la sociedad, poniendo en peligro la seguridad de las personas. Hasta su entrada en vigor, el Código Penal establecía unos límites de 25, de 30 o de 40 años de cárcel, según la gravedad de las penas (artículo 76), aunque reconocía el cumplimiento sucesivo de penas en caso de acumulación.

Ahora, la norma relativa a la prisión permanente revisable señala que cumplida una parte de la condena que oscila entre 25 y 35 años, el tribunal deberá revisar de oficio si la prisión debe ser mantenida cada dos años. "Y lo hará también siempre que el penado lo solicite, si bien tras la desestimación de una petición podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes", según la Exposición de Motivos de la reforma.

Tras su aprobación, el PP y Ciudadanos llevaron en 2018 al Congreso propuestas para ampliar los crímenes penados con prisión permanente revisable a modo de enmiendas a la totalidad de la proposición de ley del PNV que buscaba derogar esta pena máxima. El PSOE se opuso y su portavoz Adriana Lastra recordó que el Tribunal Constitucional tenía pendiente pronunciarse sobre el recurso presentado en 2015 por la oposición a esta medida, al considerarla inconstitucional.