La Policía Nacional sabía que había líderes de grupúsculos de ultraderecha detrás de la marcha que el pasado sábado recorrió las calles del barrio de Chueca, en Madrid, conocido por ser una zona con una amplia población del colectivo homosexual. Y lo supo con más de una semana de antelación, ya que la comunicación llegó a la Delegación del Gobierno en Madrid casi diez días antes de que se celebrase la convocatoria.
Fuentes policiales han confirmado a Libertad Digital que las alarmas saltaron al ver que la persona que comunicó la convocatoria era un viejo conocido de los agentes, con un amplio historial policial por su relación con grupos de extrema derecha, algunos de ellos con mucho historial violento a sus espaldas. Se trataba de Alberto Ayala de Cantalicio, al que habían engrilletado en varias ocasiones en las últimas décadas.
Ayala de Cantalicio fue durante años uno de los rostros más reconocibles de Ultras Sur, el grupo de aficionados más radicales del Real Madrid. De hecho, su última detención en mayo de 2002 fue precisamente por haber participado y alentado unos incidentes en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu unos días antes. Por esos mismos hechos, también fue detenido uno de los más veteranos dirigentes de ese grupo ultra: Álvaro Cadenas Rodríguez.
Su primera detención fue a mediados de los años noventa, exactamente, en noviembre de 1995. La Policía Municipal le arrestó en Madrid como autor de una agresión con arma blanca y lesiones. En el momento de su arresto portaba diverso material de ideología nazi. Tres años después, en marzo de 1998, fue arrestado en Bonn (Alemania) —donde acudió a ver un partido del Real Madrid— por exaltar el nazismo, un hecho penado en el país.
En el año 2000 volvió a ser detenido por participar en los incidentes ocasionados en marzo de ese año en el distrito madrileño de San Blas, con ocasión de la revuelta vecinal contra ciudadanos de nacionalidad rumana, y acusado de un delito contra los derechos fundamentales y otro de lesiones. En marzo de 2002 fue arrestado como cabecilla del grupo neonazi Juventudes de Canillejas y se instruyeron diligencias contra él.
Tras recopilar información la Policía Nacional supo que detrás de la convocatoria en contra de la Agenda 2030 se encontraba el colectivo de extrema derecha Madrid Seguro y otros asociaciones vecinales vinculadas esta ideología. Es por ello que decidieron enviar varios subgrupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos popularmente como antidisturbios, para controlar la marcha y garantizar que todo sucedía sin altercados.
Estos datos dejan en evidencia las declaraciones efectuadas durante la jornada de ayer lunes, en un desayuno informativo en la capital, por la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que se disculpó diciendo que su administración había sido "engañada" por los convocantes de la marcha y que, de inicio, "no había dato alguno que nos indicara que esto iba a acabar como acabó".
Multas de 600 y 800 euros
La Delegación del Gobierno en Madrid ha hecho pública este martes una nota de prensa en la que informa de que impondrá una multa de 600 euros -la máxima permitida por la ley- a cada uno de los dos personas que convocaron la marcha del sábado en Chueca -a Ayala de Cantalicio y a una segunda persona- porque el propósito de la marcha no coincidió con el que había comunicado previamente, el rechazo a la Agenda 2030.
También dice que se ha incoado un expediente sancionador administrativo a seis personas que fueron identificadas durante la marcha por encender bengalas en la calle o portar palos o, incluso, llevar un puño americano. A las mismas se les impone la máxima multa que aparece recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana, que es de 800 euros a cada uno.
Mercedes González defiende su actuación ante estos hechos en esa nota de prensa destacando que la Delegación del Gobierno en Madrid ha actuado por dos vías: la administrativa, con la propuesta de sancionar a 8 de los participantes, que abonarán las máximas sanciones previstas en la Ley; y la penal, aportando a la Fiscalía toda la información para que abra diligencias de investigación de un posible delito de odio. La suma de todas las multas por estos hechos será de 6.000 euros.