El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no termina de tener un horizonte político tranquilo. No sabe qué es eso prácticamente desde que dejó la magistratura para entrar en el ruedo político. Si no anda en una situación complicada fruto de sus propias acciones, le terminan salpicando los problemas que vienen heredados del pasado y sobre los que él tampoco ha actuado de modo alguno para tratar de ponerles solución.
Algo respaldado por la decisión de la Audiencia Nacional de avalar su purga del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, todavía anda muy tocado por su polémica actuación en torno a la falsa denuncia sobre una agresión homófoba en el barrio de Malasaña, en Madrid, y con la petición de dimisión a cuestas de Vox, a los que culpó de unos hechos que no tuvieron lugar. Y en esta situación, le toca enfrentarse a varios días calientes.
En las próximas seis jornadas se celebrarán hasta tres concentraciones y manifestaciones en las que se va a censurar su gestión al frente del departamento de Interior. No tienen vinculación política, sino que serán protagonizadas por los propios trabajadores de su Ministerio. Policías nacionales, guardias civiles y funcionarios de prisiones exigirán al juez metido a político que solucione algunos de los problemas que llevan años enquistados y que él intentado esquivar la mejor manera que ha podido.
La primera de las protestas tendrá lugar este viernes. La plataforma Jusapol, de la mano de su sindicato policial Jupol y su asociación de guardias civiles Jucil, exigirá la equiparación del salario que perciben los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado con los que tienen los cuerpos policiales autonómicos. Una vieja reivindicación que no ha quedado saldada con la subida salarial en tres años pactado con Interior en 2018 y concluida con dudas el año pasado.
Solo un día más tarde, el sábado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sacará a los agentes del Instituto Armado a la calle para exigir una jornada laboral digna, lo que consideran un reparto más justo de la productividad, el fin de la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales y el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial, que fue cerrado sin la última consultoría pactada.
El miércoles 22 de septiembre será el turno de los funcionarios de prisiones, que llevan años denunciando el abandono al que está sometidos por el Ministerio del Interior. Convocados por la asociación "Tu abandono me puede matar", también exigen que su salario se equipare al de los funcionarios de prisiones de Cataluña, que cobran entre 223 y 864 euros –según el puesto– más por el mismo trabajo en los centros penitenciarios.