Vox ha presentado dos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Protección de la Infancia y la Ley de Discapacidad, los números 21 y 22 del partido en lo que va de legislatura, al considerar que atentan contra las libertades de los españoles y vulneran derechos fundamentales. Ambas fueron impulsadas por el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido ahora por Ione Belarra que sustituyó en el cargo a Pablo Iglesias.
El partido ha recurrido, en concreto, los apartados referidos al régimen de visitas de los padres durante un proceso de separación, que establecen la suspensión de las visitas para aquellos que sean denunciados por maltrato, sin necesidad de que exista una condena de por medio; y los referidos a la educación afectivo-sexual de los menores que deberán recibirla "en todas las etapas educativas e independientemente del centro".
La secretaria general del grupo Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha denunciado a las puertas del tribunal que la nueva Ley de la Discapacidad, que entró en vigor el pasado viernes, "comporta una quiebra absoluta de la presunción de inocencia en detrimento de los varones".
"Es infame y discriminatorio"
"Es una legislación infame que nada tiene que ver con la protección de las personas vulnerables", ha criticado con dureza Olona, poniendo de relieve que ambas leyes fueron aprobadas en las Cortes con el único voto en contra de Vox. "Desde el pasado viernes, todo hombre en España está sujeto a una discriminación", añadía.
El partido de Abascal considera que con estas dos normas se da un paso más en el recorte de libertades iniciado por el Gobierno de Pedro Sánchez que afecta, en este caso, a ámbitos tan sensibles como la educación de los niños y el derecho de un padre a ejercer como tal, con la presunción de inocencia que le reconoce la Constitución.
La Ley de la Infancia establece la obligación de que "los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas educativas e independientemente de la titularidad del centro, recibirán, de forma transversal, (…) una educación afectivo sexual", lo que, según el partido de Abascal, supone "adoctrinar" a los alumnos en base a una determinada ideología estatal.
"Es una intromisión pública en el ámbito privado de las familias", ha criticado Olona, asegurando que ambas reformas normativas responden "a la máxima comunista de que los hijos no son de los padres sino del Estado".
Escrutinio público a las familias
El partido ha recurrido también el artículo que habla de la "parentalidad positiva" que, según la diputada de Vox, otorga al Estado la capacidad de decidir qué es un buen padre o una buena madre y establece la obligación de que los poderes públicos analicen a nivel territorial si las familias cumplen con ese concepto.
La norma recoge, entre otras cosas, la obligación de promover "la educación con enfoque inclusivo, que "las administraciones públicas impulsen medidas de política familiar con contenidos específicos referidos a combatir roles y estereotipos de género que sitúan a las niñas en plano de desigualdad o contenidos sobre la diversidad sexual y de género".
El partido asegura que "estos preceptos abandonan la línea del constitucionalismo democrático de considerar el espacio familiar como un ámbito privado de libre desarrollo de las relaciones afectivas entre padres e hijos, sin injerencias de los poderes públicos".
Añade que, con esta norma, se convierte a la familia "en el objeto de un intenso escrutinio por parte de los poderes públicos recabando, en su caso, datos concretos sobre la vida familiar de las personas. Y este escrutinio se orienta a imponer lo que el legislador denomina 'parentalidad positiva'".