El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha vuelto a pronunciar en relación a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), la Selectividad, a requerimiento de la entidad "Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña". En el auto emitido al respecto, carga contra la Generalidad por los incumplimientos en las pruebas del pasado mes de junio y exige que no se identifique a los alumnos que pidan los enunciados del examen en español.
Según la resolución, los examinadores no podrán repartir de oficio los exámenes en catalán y preguntar luego quién los quiere en español o aranés sino que tendrán que entregar un único ejemplar en el que consten los tres idiomas oficiales de la región. Así, en el auto apunta que "se efectuará un nuevo requerimiento específico, con las advertencias legales, para que se proceda en la convocatoria de septiembre a comunicar a los tribunales de evaluación de las PAU que no se anote la opción lingüística de los estudiantes consignando nombres y apellidos, y a que se ofrezca por los profesores vigilantes en qué lengua el alumno quiere que se le entregue el enunciado, sin que el resto de alumnos tengan que conocer cómo ejerce su derecho el examinado; es decir, el ejercicio de su libertad de opción".
Y en la parte dispositiva insiste en que se requerirá a la presidenta y al secretario del Consell Interuniversitari de Catalunya para que impartan instrucciones a los presidentes de los tribunales en relación a las PAU de la convocatoria de septiembre de 2021 en el sentido de no identificar a los alumnos, cualquiera que haya sido su opción lingüística ni anotar la elegida, así como ofrecer los profesores vigilantes, vocales o presidentes los enunciados en cualquiera en las lenguas cooficiales de Cataluña, sin preferencia por ninguna de ellas, pues ésta corresponde a los alumnos para el mejor desenvolvimiento de sus ejercicios".
El TSJC reprende además a la Generalidad al advertir que no respetó los derechos lingüísticos de los alumnos. Como se recordará, el Consell Interuniversitari de Catalunya se negó de entrada a repartir exámenes en español, si bien colocó un cartel en las aulas en las que informaba a los alumnos de su derecho a elegir el idioma de las preguntas. En el caso de que un alumno solicitara el examen en español se anotaba la "incidencia" a "efectos estadísticos".
La "Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña" denunció además que la Generalidad había hecho listas con los alumnos que pidieron examinarse en español. La entidad también se quejó del absoluto desprecio por las medidas cautelarísimas impuestas por el TSJC.