El experto de la ONU que pide la "restitución total" de Garzón en la Audiencia Nacional fue denunciante de Pinochet

El experto de la ONU que pide la "restitución total" de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, el chileno Hernán Quezada, fue denunciante en varias causas judiciales del dictador Augusto Pinochet. Garzón cobró gran protagonismo internacional en 1998 después de que dictara una orden de detención a las autoridades británicas contra Pinochet por delitos de genocidio, terrorismo internacional, desaparición o torturas.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que integra Quezada concluía la semana pasada que el Tribunal Supremo de nuestro país vulneró el derecho a la presunción de inocencia y a la revisión de la condena y la pena del exmagistrado de la Audiencia Nacional en el 2012. El Alto Tribunal le condenó a 11 años de inhabilitación por prevaricación dolosa tras intervenir ilegalmente los teléfonos de los abogados de los acusados del caso Gürtel. El dictamen sostenía que España debía "borrar los antecedentes penales" de Garzón y "proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido".

Dicho dictamen venía acompañado de un voto concurrente (de acuerdo con la decisión, pero no con la argumentación) del chileno Hernán Quezada y del albano Gentian Zyberi, que reclamaba más compensaciones para Garzón. Ambos sostienen que "cuando se trata de diferentes formas de reparación, la restitución suele ser la forma preferida, donde y cuando sea posible" y recuerdan que el Comité de Derechos Humanos de la ONU recoge entre sus directrices aplicar "medidas de restitución con miras a restituir los derechos vulnerados. Tales medidas pueden incluir, por ejemplo, la reincorporación de la víctima a un empleo que se perdió como resultado de la violación cometida".

Según el escrito firmado por Quezada, "el Comité debería haber sido explícito al enfatizar la restitución total, indicando que el Estado Parte está obligado, entre otras cosas, a anular la sanción impuesta, suprimir los antecedentes penales del autor, reintegrar al autor al cargo que ocupaba antes de su sanción y inhabilitación si así lo solicita, y proporcionarle una indemnización adecuada por los daños sufridos".

Cabe destacar que Hernán Quezada participó como abogado en varios procesos judiciales contra Pinochet después de que Garzón ordenase en octubre de 1998 la detención y extradición a España del dictador por la desaparición de españoles en el país. El que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional inició la causa aprovechando la investigación abierta meses antes contra Pinochet por el juez chileno Juan Guzmán.

Concretamente, Quezada participó en la querella presentada por el secuestro agravado y homicidio de los chilenos Carlos Fredy y Aldo Gonzalo Pérez Vargas, en septiembre de 1974. También, representó a la familia del general chileno Carlos Prats, asesinado junto a su esposa en Buenos Aires (Argentina) por la policía secreta de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional DINA. Su objetivo fue intentar demostrar durante la investigación que el propio dictador ordenó el asesinato de este mando militar.

Jueces condenados por delitos dolosos

Tal y como publicó LD, los jueces condenados por cometer un delito "a sabiendas" (delito doloso) como Baltasar Garzón no son rehabilitados por el Consejo General del Poder Judicial CGPJ.

Garzón sólo podría volver a la judicatura a través de dos vías. En primer lugar, con una revisión de la condena que no es aplicable en este caso. De hecho, la jurisprudencia del Supremo señala que un dictamen de la ONU no es equiparable a una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH y sólo las resoluciones de Estrasburgo habilitan la revisión de sentencias. Además, el Tribunal Constitucional y el propio TEDH inadmitieron de plano los recursos de Garzón tras ser condenado.

Y en segundo lugar, solicitando su rehabilitación como juez al propio CGPJ. No obstante, hasta la fecha el actual CGPJ no ha rehabilitado a ningún juez que haya cometido un delito doloso (a sabiendas). No existen precedentes y esta postura fijada por el actual Gobierno de los jueces podría cambiar tras su renovación.