La Fiscalía propone procesar a los CDR de la "operación Judas" por terrorismo

Los miembros del "Equipo de Respuesta Táctica" del separatismo catalán detenidos por la Guardia Civil en el curso de la "operación Judas" serán acusados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional de pertenencia a organización terrorista y tenencia y fabricación de explosivos. Según el escrito de Fiscalía, "los investigados habrían superado la actividad dentro de sus respectivos CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando para ello los explosivos y sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".

En el escrito de Fiscalía, del que informa El Confidencial, se apunta también que habían llevado a cabo actos preparatorios ""consistentes en una labor de reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales, toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados" y que entre el material gráfico acumulado había imágenes de accesos, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas, agentes policiales, placas de matrículas de vehículos policiales.

Según el Ministerio Público, los objetivos de estos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) constituidos en banda terrorista figuraban la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación del Gobierno en Barcelona, la Fiscalía Superior de Justicia y la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil. También pretendían volar torres de alta tensión y peajes así como atentar contra la empresa Amazon. El escrito acusatorio recoge también que los presuntos terroristas habían recopilado información sobre políticos contrarios a la independencia como el líder del PP, Pablo Casado, así como de un agente de los Mossos d'Esquadra.

Material para fabricar explosivos

La Guardia Civil detuvo el 23 de septiembre de 2019 a una decena de componentes de los CDR que se habían montado, según la acusación, un grupo terrorista denominado "Equipo de Respuesta Táctica". En la operación, el Instituto Armado encontró diverso material para la composición de explosivos tipo Amonal y Amosal así como una granada de mortero.

La Fiscalía considera acreditado que "los investigados habrían llevado a cabo todos los pasos necesarios para la elaboración y fabricación de sustancia incendiarias, deflagrantes y explosivas de forma efectiva; para ello habrían adquirido los conocimientos necesarios (incluso con el asesoramiento de expertos), habrían realizado la compra de sustancia o elementos necesarios para su fabricación (haciendo uso en ocasiones de identidades falsas o por medio de terceras personas), contando al menos con dos laboratorios donde llevar a cabo esas actividades, ubicados en domicilios particulares".

El escrito del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo explica además que el objetivo de esta banda era la consecución de la independencia "empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando de modo coercitivo a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España".

Una orden de Torra

Entre las acciones que planeaban los miembros de esta célula terrorista constaba también el asalto y la ocupación del Parlamento catalán, para lo que contaban con un plan en el que habían llegado a distribuir las tareas, entre ellas la del orden interno, asignada a un grupo denominado "Bombers per la República". El asalto al Parlament era una orden directa de Torra, según dijeron los acusados durante los interrogatorios en sede judicial. El escrito se remonta a la formación de los Comités de Defensa de la República (CDR), a los que califica de elementos especializados en la organización de actos tumultuarios, y dice que los acusados "fueron más allá".

El trascendido del informe fiscal ha provocado una dura reacción de la consejera de Justicia de la Generalidad, Lourdes Ciuró, quien niega todas las acusaciones y considera que las acusaciones de terrorismo forman parte de la "campaña represiva del Estado contra el independentismo".