El anuncio de que Gobierno y Generalidad habían llegado a un acuerdo para ampliar el aeropuerto de El Prat y ya tenían hasta presupuesto, unos 1.700 millones, protagonizó el primer encuentro de la mesa bilateral. Los representantes de la administración autonómica llegaron a calificar los resultados de los primeros contactos con el Gobierno de "insuficientes", pero sacaron pecho por el pacto relativo al aeropuerto.
El Gobierno se avenía a una antigua reivindicación de las administraciones catalanas, la conversión de El Prat (rebautizado como Josep Tarradellas) en un aeropuerto apto para vuelos intercontinentales. Antes de que el proceso separatista copara toda la política catalana se entendía que la mejora de El Prat era imprescindible para competir con Madrid.
El vicepresidente de la Generalidad, Jordi Puigneró, de JxCat, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, de ERC, volvieron a Barcelona con el proyecto en sus carteras y en la idea de que habían arrebatado una gran concesión al Gobierno. No estaba en sus cálculos la fuerte oposición interna y externa al plan. Las primeras voces críticas partieron del propio separatismo. Torra censuró la ampliación por las implicaciones ecológicas. Laura Borràs, la presidenta del Parlament, comparó el ofrecimiento del Gobierno con una zanahoria. Las juventudes de ERC se opusieron al grito de amnistía y autodeterminación. Los dirigentes de la CUP rechazaron el plan por razones ecológicas y porque les parecía que el Govern había claudicado frente al Gobierno al negociar en un marco autonomista.
Sólo el sector negocios de JxCat, encabezado por el expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, se manifestó claramente favorable a la inversión y el proyecto. Su argumento es que Cataluña necesitará un aeropuerto intercontinental si acaba por convertirse en una república independiente.
Un aeropuerto verde...
El aluvión de críticas obligó a Puigneró a prometer que El Prat sería el aeropuerto más verde de Europa mientras que el presidente de la Generalidad echaba agua al vino molesto porque JxCat había reventado un anuncio que pretendía hacer él.
Según Aragonès, nada estaba cerrado y todo dependería de que la Comisión Europea diera su visto bueno al plan y se preservara el espacio natural protegido que hay en el entorno de la instalación aeroportuaria y que es conocido como La Ricarda.
O un "unicornio"
Y cuando parecía que las vacaciones apagaban la polémica, salió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la palestra censurando el plan, diciendo que la promesa de Puigneró de un aeropuerto verde era un "unicornio" y cargando contra sus socios socialistas en el Ayuntamiento. Era la réplica a las críticas de Podemos en el seno del propio Gobierno. Para acabarlo de adobar, una exconcejal de la cuerda de Colau, Gala Pin, llamaba "tonto de remate" a Jaume Collboni, muleta socialista de los comunes y teniente de alcalde, por haberse manifestado partidario de la ampliación.
La reactivación del incendio ha provocado que los comunes, la versión catalana de Podemos, y la CUP amenazan a ERC y a Aragonès con votar en contra de los presupuestos autonómicos que se preparan para el próximo año. Y todo esto sin que esté definido en qué consistiría la ampliación y cuál sería su impacto medioambiental. Sólo parece clara la cantidad a invertir, aunque según las fuentes oscila entre los 1.800 y los 1.600 millones siendo los 1.700 la cantidad más aceptada.
Dada la situación, nadie da un duro por el futuro del proyecto, salvo la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que este mismo martes se ha felicitado por el clima de diálogo entre el Ejecutivo central y la Generalidad y ha abogado por un aeropuerto "competitivo" y "medioambientalmente sostenible". En cuanto a las críticas de Podemos, Cunillera ha señalado que "el Gobierno habla como Gobierno y ha dicho que la inversión se hará".