El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado por primera vez un caso de discriminación directa por racismo a la hora de alquilar una vivienda con una multa de 45.000 euros a la propiedad de la vivienda y a la inmobiliaria que la comercializaba.
En un comunicado este viernes, el consistorio ha informado de que la inmobiliaria y la propiedad intentaron evitar alquilar la vivienda a una persona de origen marroquí, una infracción prevista en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda.
Según las autoridades municipales, la discriminación se dio cuando, después de manifestar interés en alquilarlo y acreditar solvencia económica, la inmobiliaria no respondió a la petición y argumentó que se había escogido a otra persona para alquilarlo, pese a que el piso seguía vacío y disponible.
Unas semanas después, una persona del entorno de la víctima y que no es de origen marroquí se interesó por el piso, pudo visitarlo y acreditar solvencia equivalente, y en ese caso el agente inmobiliario se mostró dispuesto a alquilarlo.
Así, las autoridades del Ayuntamiento de Colau consideran que se pudo demostrar que el criterio de la propiedad no se basaba en la solvencia económica, y este caso supone "un hito" ante las dificultades de probar este tipo de discriminación, ya que no se ha demostrado que haya otros factores para justificar la actuación de la inmobiliaria y la propiedad.
Los hecho sucedieron a principios de 2020 y fueron denunciados por la persona de origen marroquí en la "Oficina per la No Discriminació (OND)" y fueron estudiados por la Unidad de Disciplina y Antiacoso del "Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (IMHAB)".
Durante el proceso, la propiedad, formada por tres personas físicas, y la inmobiliaria han podido presentar alegaciones y pruebas, que han sido desestimadas jurídicamente por la Unidad de Disciplina y Antiacoso. Unas alegaciones y pruebas que tampoco ha explicado o hecho públicas la Unidad de Disciplina Antiacoso.
Se trata del segundo caso en el que el Ayuntamiento sanciona por discriminación en el acceso a la vivienda por razón de origen, aunque el primero fue por el anuncio de un piso que se ofrecía solo para personas españolas.
El concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, ha asegurado que la del Ayuntamiento de Barcelona ha sido "la primera del país" por racismo, y ha añadido que el objetivo no es multar sino transformar la realidad y lanzar un mensaje de prevención.
Ha deseado que este caso "llegue lejos", y ha llamado a los ciudadanos que sufren estas discriminaciones a intentar documentarlas a través de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp para poder demostrarlo.