En la región de Cataluña sólo hay tres colegios que cumplen la sentencia que obliga a impartir el 25% de las horas lectivas en español. Son tres centros concertados que no están al alcance de las familias de Policías y Guardias Civiles trasladados a Cataluña y que pretenden que sus hijos reciban un mínimo de clases en su lengua materna. La entidad "Hablamos Español" ha realizado un barrido por toda Cataluña tras recibir la consulta de varias familias y sólo ha encontrado tres centros que apliquen la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma (TSJC).
Según una nota de la organización dirigida por Gloria Lago, "los hijos de miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están sufriendo muy directamente las consecuencias de los traslados de sus padres o madres a comunidades autónomas con una lengua diferente del español. Esto se puede comprobar realizando un seguimiento de sus expedientes académicos y, por supuesto, hablando con ellos y con sus familias. Tenemos constancia de que algunos de estos niños y jóvenes son sometidos a enseñanza en varias lenguas diferentes a lo largo de su escolarización. Nos constan incluso testimonios de familias que han decidido separarse a causa del problema lingüístico, permaneciendo un miembro de la familia en otra comunidad, para que sus hijos no se vean abocados a una inmersión de lengua total o parcial".
Dadas estas circunstancias, "Hablamos Español" reclama que se exima de la inmersión lingüística a los hijos de funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en comunidades bilingües y que se conceda una compensación económica para hacer frente a los gastos de escolarización en centros concertados donde se cumplan las sentencias judiciales favorables a un mínimo porcentaje de clases en español.
La petición se produce el mismo día en el que el Gobierno ha renunciado a exigir a la Generalidad que cumpla con la última sentencia del TSJC, datada en diciembre del pasado año, en la que se ordenaba a la administración autonómica a impartir el 25% de las clases en español ante su uso "residual" en la enseñanza. Según informa El Mundo, el Ministerio de Educación se limita a decir en una respuesta a la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo que el fallo "todavía no tiene carácter firme, al haber sido recurrida en casación al Supremo por la Generalitat" y que "serán los tribunales en uso de sus atribuciones, entre las cuales están las relativas al cumplimiento de sus sentencias, quienes actúen, llegado el caso".
Incumplir los fallos como norma
El incumplimiento de las sentencias que afectan al modelo de inmersión lingüística de la Generalidad es un clásico. Los responsables de la consejería de Enseñanza se jactan de tales incumplimientos mientras repiten por activa y por pasiva que su modelo no se toca.
Entre las consecuencias de esa política separatista, "Hablamos Español" destaca que la pobreza de léxico y sintáctica de los niños cuya lengua materna es el español así como la sensación de que la lengua de su familia no sirve como herramienta para la transmisión de cultura.
La renuncia del Gobierno a exigir el cumplimiento de las sentencias sobre la inmersión se produce en un contexto de cesiones y transferencias a la Generalidad para lograr el apoyo de los partidos separatistas a los Presupuestos Generales del Estado y reforzar la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa.