La Fiscalía de Cataluña investiga la concesión de avales por parte del Institut Català de Finances (ICF) a una treintena de ex altos cargos de la Generalidad a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de fianza por la promoción del procés en el extranjero con dinero público.
En un decreto, la Fiscalía Superior de Cataluña acuerda abrir diligencias a raíz de la denuncia que presentó Cs, pero ordena investigar solo a la junta de gobierno del ICF, puesto que los miembros del Gobierno catalán ya han sido denunciados en paralelo por Vox ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dada su condición de aforados.
El ministerio público deberá posicionarse ante el TSJC sobre esa denuncia de Vox contra el vicepresidente Pere Aragonès y los consejeros Jaume Giró y Laura Vilagrà, antes de que el alto tribunal decida si les abre una investigación.
Mientras tanto, la Fiscalía Superior ha remitido la denuncia a la Provincial de Barcelona para que practique diligencias encaminadas a aclarar si los miembros de la Junta de Gobierno del ICF cometieron algún delito en la concesión de los avales, dado que es a esta instancia a la que corresponde investigarlos por no ser aforados.
En su escrito, el fiscal Superior, Francisco Bañeres, no entra a valorar si ve delictiva la concesión del aval, pero recuerda que la ley obliga al ministerio público a abrir diligencias "cuando se reciba noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal".
Cs presentó la semana pasada su denuncia ante Fiscalía, al entender que el Gobierno catalán cometió una "operación fraudulenta" con la creación del Fondo Complementario de Riesgos para avalar a los ex altos cargos encausados a través del Institut Català de Finances, lo que provocó la dimisión de tres miembros independientes de la junta de gobierno de la entidad.
El Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales, por lo que todavía no ha decidido si los acepta, a la espera del informe que ha requerido con urgencia a la Abogacía del Estado.