Otra institución dinamitada: las fianzas de los golpistas rompen la junta del Institut Català de Finances

Bronca y división en el Institut Català de Finances (ICF), el organismo crediticio de la Generalidad que avala los 5,4 millones de fianzas de los líderes separatistas en el Tribunal de Cuentas por la difusión internacional del intento secesionista. En una tormentosa reunión de la junta de gobierno del ICF, los tres consejeros independientes votaron en contra de conceder los avales y el consejero delegado, Víctor Guardiola, se abstuvo. Otros tres consejeros, todos ellos altos cargos de consejerías de la Generalidad, votaron a favor tal como les habían indicado los respectivos partidos. Ante el empate, tuvo que ser el presidente de la entidad, el dirigente de ERC, Albert Castellanos quien deshiciera el empate por su voto de calidad.

Frente a la versión del consejero de Economía, Jaume Giró, que dijo haber recibido llamadas de directivos del ICF prestándose a conceder los avales en una especie de reacción a lo Fuenteovejuna, la realidad es que los avales pendieron de un hilo toda la tarde del miércoles ante la negativa de los consejeros independientes y las reticencias de los dependientes de los partidos.

Según explica el diario independentista Ara, los consejeros designados por los partidos son Meritxell Masó, secretaria general de Salud, consejería de la cuota de JxCat; Matilde Villarroya, secretaria de Asuntos Económicos y Fondos Europeos, de la consejería de Economía, también de JxCat; Lluís Juncà, director general de Innovación de la consejería de Empresa y Trabajo, de ERC; y el presidente del ICF, Albert Castellanos, secretario de Empresa en la consejería del mismo nombre y dirigente del partido republicano.

El resto son independientes que proceden del mundo financiero y cuya función era la de despolitizar de manera paulatina la entidad a fin de conseguir la ficha bancaria para operar como un banco, un objetivo de la Generalidad desde los tiempos de Artur Mas como presidente de la administración autonómica. Ese propósito ha quedado aparcado ante la utilización del ICF como la aseguradora de los líderes procesistas.

Tres dimisiones

Los consejeros independientes pusieron toda clase de objeciones a la concesión de los avales entre otras razones porque el ICF se dedicaba hasta ahora a facilitar créditos a pequeñas y medianas empresas y autónomos, no a facilitar fianzas. Según el citado diario, en los próximos días se producirán renuncias en el organismo.

A ello se suma la noticia, avanzada por La Vanguardia, de que tres miembros de la junta del ICF dimitieron el lunes, antes de la votación. Los tres eran miembros independientes de la junta que tenían el mandato agotado desde el 1 de julio, pero continuaban siendo miembros a la espera de renovación, en la que "se está trabajando desde hace algunas semanas".

Bronca en el 'Govern'

El sainete ha tenido su correlato en el seno del Govern, que ha vivido su primera crisis seria desde su constitución, hace dos meses escasos. ERC quería que fuera el ICF quien se hiciera cargo de las fianzas si no se encontraba un banco que se aviniese a cubrir a la Generalidad mientras que JxCat era partidaria de recurrir a la caja de solidaridad y el patrimonio de los partidos para avalar a los encausados en el Tribunal de Cuentas.

Previsible rechazo del Tribunal

Sea como fuere, todo parece indicar que el Tribunal de Cuentas no aceptará que las fianzas por un desfalco de fondos públicos se cubra con unos fondos públicos del ICF que proceden del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y estarían destinados en un principio a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. El desenlace, el lunes, fecha en la que vence el plazo de 48 horas que ha abierto el órgano fiscalizador para que los encausados entreguen la documentación y para decidir si se admite.