La directora general de Salud Pública del Govern balear, Maria Antònia Font, ha sido citada por un juzgado de Palma para declarar en calidad de investigada por el confinamiento obligatorio de jóvenes en viajes de estudios que habían tenido contactos con infectados de covid-19.
Según ha confirmado el Govern balear, Font ha sido citada por el juzgado de instrucción 12 de la capital balear para que preste declaración a raíz de una querella de familiares de jóvenes confinados en la que se le atribuye el delito de detención ilegal.
La directora general de Salud Pública fue quien firmó la instrucción de la Consejería de Salud para que se confinase a todos los estudiantes que se consideraban contactos estrechos de otros jóvenes que habían dado positivo en coronavirus con quienes habían compartido actividades de ocio.
El Govern ingresó a unos 175 jóvenes en estas circunstancias en el hotel Bellver del paseo marítimo de Palma hasta que un juzgado contencioso anuló la orden por considerar que la medida restrictiva de su libertad de movimiento no estaba suficientemente justificada.
Al día siguiente la mayoría de ellos abandonaron el hotel y se desplazaron en barco hasta Valencia para dirigirse a los distintos lugares de la península de los que procedían.
La Consejería de Salud, que como el conjunto del Govern defendió el aislamiento forzoso de los jóvenes, ha señalado tras conocer la imputación de la directora general su "respeto por todas las actuaciones del poder judicial" y se ha puesto "a disposición" de la jueza instructora.
"Esto es compatible con la defensa y apoyo de la actuación de la Dirección General de Salud Pública", indica en un comunicado en el que insiste en defender la forma en que abordó "el macrobrote de contagios" de los últimos días de junio.
"El Govern considera que la actuación fue proporcionada y siempre atendiendo a un criterio fundamental para esta administración: la defensa y protección de la población", incide el departamento autonómico de Salud.
Recuerda además que otros jueces denegaron las peticiones de habeas corpus de algunos de los jóvenes en cuarentena y recalca que los análisis realizados a aquellos grupos tanto en Mallorca como cuando regresaron a la península, con altos niveles de positivos, confirman que la actuación fue la correcta.