El gobierno catalán ha impuesto su agenda a la nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Sin tiempo para ponerse al día de los expedientes del ministerio, Rodríguez se reunirá con la consejera de Presidencia de la Generalidad, la republicana Laura Vilagrà, con un denso orden del día. Será en el marco de la comisión bilateral Estado-Generalidad y el próximo 2 de agosto, tres días después de la reunión de presidentes autonómicos a la que no asistirá el presidente catalán, Pere Aragonès.
La Generalidad no estaba dispuesta a conceder a Isabel Rodríguez el tiempo muerto que pidió para poder enterarse de los expedientes abiertos en el ministerio que hasta hace unos días gestionaba Miquel Iceta. Ese lapso pasaba por aplazar la reunión hasta después del verano, pero Vilagrà hizo valer el acuerdo al que llegaron Pedro Sánchez y Pere Aragonès en su reciente encuentro en Moncloa. Según ese acuerdo, la reunión de la comisión bilateral sería antes de las vacaciones y la mesa de negociación, a la vuelta del verano.
El Govern da por descontado que el Gobierno se avendrá sin objeciones a varios traspasos como las partidas económicas para becas y para el ingreso mínimo vital. También se da por supuesto que el Ejecutivo de Sánchez retirará el recurso contra la ley catalana de alquiler en el Tribunal Constitucional. Son compromisos, aseguran en ERC, que asumió el Gobierno en la negociación de los pasados Presupuestos Generales del Estado.
El control del territorio
En la reunión también se abordará la gestión de los fondos europeos conocidos como "Next Generation", la aportación a plazos de 72.000 millones de euros de los que según la Generalidad 30.000 le corresponden a Cataluña por PIB y peso demográfico. Pero el plato fuerte de la reunión será la reivindicación separatista de la titularidad del Puerto de Barcelona, el Aeropuerto de El Prat y el Consorcio de la Zona Franca, tres infraestructuras vitales para la cohesión de España y con las que el Govern quiere hacerse a toda costa para garantizarse el control efectivo del territorio, una de las obsesiones del separatismo y que fue una de las causas del fracaso del golpe de Estado de octubre de 2017.
Según la Generalidad, Vilagrà y el exministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ya habían avanzado en esa carpeta. El cambio de cartera de Iceta ha trastocado un tanto los planes separatistas, aunque consideran que Isabel Rodríguez no tendrá más remedio que asumir esos traspasos, que, alegan, exceden de su competencia y son cosa de Pedro Sánchez.
De hecho, afirman que Aragonès ya habló de eso con el presidente del Gobierno no sólo en Moncloa sino en dos de las tres visitas que el líder socialista hizo a Barcelona el pasado mes de junio, en el marco de las jornadas del Círculo de Economía y en la apertura del Mobile World Congress. La tercera presencia de Sánchez fue en el Gran Teatro del Liceo para vender los indultos. La teoría de Aragonès es que la Generalidad gestionaría mejor Puerto, Aeropuerto y Zona Franca por razones de "proximidad".