El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presionó en persona al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, para frenar la sentencia que declara inconstitucional el confinamiento acordado por el Ejecutivo durante el primer estado de alarma por la pandemia de la covid-19.
El Alto Tribunal aprobó este miércoles por 6 votos a favor y 5 en contra la ponencia redactada por el magistrado conservador Pedro González Trevijano que estima parcialmente el recurso presentado por Vox el pasado año. La sentencia declara inconstitucional el confinamiento que ordenó el Ejecutivo al considerar que los derechos fundamentales de circulación y reunión fueron suspendidos y no limitados por el estado de alarma. Por ello, la medida del Gobierno era propia del estado de excepción y no del estado de alarma.
La sentencia de González Trevijano, cuyo contenido íntegro se dará a conocer en los próximos días, fue respaldada por los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Pedro Narváez, Alfredo Montoya, Santiago Martínez Vares y la vicepresidenta del Alto Tribunal, la progresista Encarnación Roca. Por otro lado, formulaban votos particulares contra la resolución el propio presidente del Constitucional, el conservador Juan José González Rivas, el magistrado conservador Andrés Ollero, y los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que Pedro Sánchez "ha presionado a González Rivas en persona en los últimos meses en los diferentes actos públicos en los que ambos han coincidido para frenar la sentencia contra el estado de alarma. En estos actos públicos, Sánchez mantenía una conversación aparte con González Rivas, pero a la vista de las otras personas presentes".
"González Rivas claudicó a la presión de Sánchez y por ello, fue uno de los 5 magistrados del Tribunal Constitucional que votó en contra de la sentencia que declara inconstitucional el confinamiento", añaden. Tal y como desveló este diario, González Rivas ya consiguió bloquear la sentencia cuando fue debatida el mes pasado en el primer pleno del Constitucional, rechazando la ponencia de González Trevijano junto a los magistrados progresistas que lidera Conde-Pumpido. De hecho, el propio presidente del TC intentó infructuosamente posponer la votación de la sentencia de este mismo miércoles hasta después del verano.
Otras fuentes jurídicas consultadas por LD sostienen que las presiones del Ejecutivo al Alto Tribunal se recrudecieron el mes pasado tras filtrarse el contenido de la ponencia de González Trevijano. "La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha mantenido conversaciones con la magistrada progresista del TC y amiga personal suya, María Luisa Balaguer. Por su parte, el propio Pedro Sánchez asumió en persona las conversaciones con el presidente del Constitucional, González Rivas", destacan.
Recordamos que la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la progresista Encarnación Roca, que votó a favor de la sentencia que declara inconstitucional el confinamiento, denunció en el pleno de este miércoles haber recibido presiones de Carmen Calvo a través de una llamada telefónica.
Las presiones de De la Vega a Casas que desveló LD
No es la primera vez que se denuncian las presiones por parte de un Gobierno socialista al Tribunal Constitucional. Las cámaras de Libertad Digital Televisión captaron en exclusiva en el año 2007 la bronca de la entonces vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, a la entonces presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, durante el desfile de la Hispanidad.
La bronca a la magistrada llegaba poco después de que el Gobierno de Zapatero anunciase su intención de recusar a dos magistrados conservadores del Tribunal Constitucional a través de la Abogacía del Estado cuando la institución debía decidir sobre un recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña.