El Tribunal de Cuentas ha lanzado un aviso al Gobierno y se ha reivindicado como un órgano independiente. Han recordado que su función va "dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos". También ha dejado claro que ninguna otra instancia puede modificar o recurrir los informes de fiscalización aprobados por el Pleno.
Esta aclaración del órgano fiscalizador se produce en el contexto de la reclamación de 5,4 millones de euros a 34 ex cargos del Gobierno catalán para hacer frente al dinero desviado entre 2011 y 2017 en la promoción exterior de la causa secesionista a través de las denominadas "embajadas catalanas" y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
"Ante las noticias que vienen apareciendo en algunos medios, el Tribunal de Cuentas aclara que es un órgano constitucional que goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan solo al ordenamiento jurídico", ha precisado en el comunicado.
Ha subrayado, además, que la misión del Tribunal de Cuentas es "contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional".
En este sentido, ha recordado que ejerce con "carácter supremo" la función fiscalizadora del sector público, de naturaleza eminentemente técnica, con arreglo a normas y procedimientos de auditoría acordes a las normas internacionales para el ejercicio de esta función.
"Profesionales cualificados"
Asimismo, ha puntualizado que los informes de fiscalización son aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas y no pueden ser modificados por otras instancias, ni recurridos. El destinatario principal de dichos informes, según ha añadido, son las Cortes Generales.
El Tribunal de Cuentas ha indicado también que los consejeros y consejeras de Cuentas de la Institución "son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución".
Así, ha insistido en que el personal del órgano fiscalizador "está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes".