El comisario José Villarejo ha asegurado al juez que investiga la llamada operación Kitchen que el Gobierno de Mariano Rajoy destinó 450.000 euros de los fondos reservados para buscar las urnas del golpe del 1-O. Según Villarejo, dicha partida fue destinada al CNI desde Presidencia, departamento que lideraba Soraya Sáenz de Santamaría. Precisamente, el fracaso del Gobierno del PP al localizar las urnas electorales antes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 levantó muchas críticas.
Villarejo volverá a declarar este viernes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sobre el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Un escrito de 19 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, redactado por el propio Villarejo que ejerce su propia codefensa, sostiene que la operación Kitchen está vinculada "inequívocamente" a la operación Cataluña, en la que el comisario "llegó a adelantar más de 300.000 euros que se comprometieron a devolverle, con una partida de fondos reservados, lo que nunca ocurrió, así como unos 150.000 euros sí abonados a colaboradores, que debieron firmar los correspondientes recibos y supo que se adjudicó al CNI una partida de 10 millones de euros, por una operación denominada "El día después", tras las elecciones autonómicas de 2012".
"Que estos fondos al CNI", añade, "se aplicarían al pago de programas informáticos, tertulianos, hackers y una campaña de prensa, al creer que CIU tendría mayoría absoluta tras las elecciones de 2012, abonándose además unos 450.000 euros, para el pago de confidentes y gastos varios, para la búsqueda de las urnas por el Referéndum de 2017, etcétera".
Según el escrito, Villarejo "actuó como agente de inteligencia, supo de un sinfín de actuaciones donde los fondos reservados fueron mucho más abultados que en el caso Kitchen, por lo que, en caso de existir verdadero interés en sus descontrolados manejos, deberían solicitarse su desclasificación al igual que se hizo en la presente pieza".
Después cita varios supuestos ejemplos: "Operación contra ETA con el GAL, el equivalente a 5 m €; en Uruguay en 1992 para crear una estructura 2 millones $ de los que nuestro defendido nada percibió; 350.000 € para callar al contable de Filesa; 500.000 € excusa de una diagnosis al servidor de Fiscalía por filtrarse un Pendrive del caso NOOS; 600.000 € recuperar grabaciones Colombia; 6 m $ por el secuestro periodistas, 75.000 € por el caso Faisán y un largo etcétera".
"En unos casos el abono a dichos colaboradores los anticipaba nuestro defendido y luego se le compensaba por la misma cantidad una vez justificaba y en otros casos era directamente Martín Blas (exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional) quien lo hacía, debiendo existir justificante, al obligarle a hacer recibos, una vez que supo que nuestro patrocinado le había denunciado por sus prácticas", concluye.
Las peticiones de Villarejo al juez
El comisario Villarejo aprovecha el escrito para solicitar al magistrado Manuel García Castellón "el acceso íntegro a todo lo incautado para, en igualdad de armas con la Fiscalía, poder disponer de los mismos datos con que se le acusa, ya que, de no ser así, el principio de contradicción, pilar esencial y garantista de nuestro Estado de derecho será simplemente un slogan publicitario; poder además con ello demostrar la verdadera situación profesional de nuestro defendido".
También que se le devuelvan "los diarios irregularmente incautados con la excusa de una pieza, la nº 28, instruida en base a un ‘delito provocado’; desclasifiquen los archivos del CNI referidos a nuestro patrocinado; que Asuntos Internos explique por escrito, los criterios y/o las ordenes por las que presentan datos falsos a sabiendas y ocultan los que comprometen a quienes elaboran los informes".
Por último, reclama "la devolución de las más de mil microcintas datadas con anterioridad al año 2000 con un evidente valor histórico, así como sus efectos personales, relojes y otros objetos retenidos sin justificación durante cuatro años y que sin duda han sido obscenamente usados por quienes deberían haberlos simplemente custodiado; el poder permitir el pago de préstamos e hipotecas y/o cuantas cargas estén pendientes de ser ejecutadas y el abono de unos mínimos honorarios al Letrado encargado de la dirección de esta Defensa".