Tras dos días de alegaciones de las partes, el Tribunal de Cuentas ha determinado que 34 dirigentes separatistas encausados en el procedimiento por desvío de fondos públicos para la difusión en el extranjero del proceso separatista deben depositar una fianza de 5.422.879,48 euros, 468,38 menos de los previstos inicialmente. El órgano fiscalizador ha rechazado las argumentaciones de la mayoría de las defensas y otorga un plazo de quince días hábiles para que se abone el cargo.
En su resolución, el Tribunal ha exonerado a algunos dirigentes separatistas, como la exconsejera Neus Munté o el recién indultado Jordi Turull (ambos exconsejeros de Presidencia), ya que sus letrados han conseguido demostrar que no tuvieron responsabilidad alguna en esos gastos.
Otro exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, personado como letrado y como acusado, ha criticado que la instructora, Esperanza García, no haya atendido sus alegaciones y ha calificado la intervención de la fiscalía de "política". En la época en la que Homs era consejero de Presidencia, el departamento se había atribuido competencias en materia de relaciones exteriores que posteriormente (en tiempos de Munté y Turull) pasarían a una consejería de nuevo cuño, la de Acción Exterior.
Artur Mas, uno de los principales afectados por la fianza, se ha erigido en portavoz de los que deberán pagar la fianza para decir que ninguno dispone de las cantidades que se les reclaman. Mas ha pedido ayuda de manera indirecta al gobierno catalán y ha deslizado la posibilidad de que la "caja de solidaridad" del separatismo se haga cargo (como ya ocurrió en su caso con la organización del referéndum del 9-N de 2014) de pagar la fianza. Así, ha instado a los partidos y las organizaciones separatistas para que reactiven la "solidaridad" de las bases independentistas porque, en su opinión, "no me corresponde a mí pedir el dinero".