El Tribunal de Cuentas aguanta la presión del Gobierno y de los partidos independentistas y continúa con el trámite para que los líderes del proceso separatista hagan frente al dinero desviado entre 2011 y 2017 en la promoción exterior de la causa secesionista. El órgano fiscalizador ha fijado en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable inicial que se reclama a los expresidentes autonómicos Artur Mas y Carles Puigdemont, así como a los exconsejeros indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 exconsejeros y altos cargos de la Generalidad.
En el desglose por partidas individuales, el más perjudicado es Artur Mas, que debe hacer frente a un total de 2.803.115,8 euros, una cantidad similar a la que se atribuye al que fuera su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell. El Tribunal reclama también 2.108.818 a Raül Romeva, quien fuera consejero de "Acción Exterior" entre enero de 2016 y octubre de 2017. En cuanto a Puigdemont y Junqueras, la petición es de 1.932.323 euros.
La atribución de tales cantidades no significa que los aludidos las tengan que pagar íntegramente. Deberán acordar entre ellos cómo hacer frente a los pagos hasta completar los cinco millones y medio que les pide el Tribunal por el desvío de fondos para las "embajadas" catalanas, para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, Diplocat, y para comprar voluntades de elementos extranjeros que dieran cobertura internacional a las noticias falsas que producía la Generalidad en torno al proceso separatista.
Según la liquidación del Tribunal de Cuentas, 5.151.156 euros corresponden al principal y 271.723,48 euros a los intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes, según informa Europa Press.
"Caja de solidaridad"
Estas cantidades se suman a los 4,1 millones de euros que según el órgano fiscalizador costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, una cantidad que los separatistas consignaron en el Tribunal a través de los fondos conseguidos por la denominada "caja de solidaridad". De este modo, ninguno de los presuntos afectados ha visto alterado en modo alguno su patrimonio por las malversaciones del proceso.
El Tribunal de Cuentas ha dado tres horas a los representantes legales de los encausados para que revisen el documento de 504 páginas en el que consta la liquidación y las responsabilidades contables que se les atribuyen a sus patrocinados. Acto seguido podrán realizar un alegato in voce de diez minutos.
El primer abogado en personarse esta mañana ante el Tribunal de Cuentas ha sido el de Puigdemont, Gonzalo Boye (condenado por el secuestro de Emiliano Revilla e investigado por blanqueo de capitales de Sito Miñanco), quien ha calificado de "tomadura del pelo" el procedimiento y ha acusado al Tribunal de "falta de solvencia técnica". Boye ha anunciado que alegará "indefensión".
Campaña contra el Tribunal
El independentismo ha emprendido una campaña contra el Tribunal de Cuentas a la que se ha sumado el Gobierno con el argumento de que la causa es una "piedra en el camino" del diálogo. Alegan que el Tribunal de Cuentas está en manos del PP, que dicho partido se niega a renovar los consejeros del órgano para no perder la mayoría que ostenta y que la causa es una venganza del partido conservador tanto contra el independentismo como contra Sánchez. También censuran la presencia entre los consejeros de Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, y de Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia también con Aznar.