El Gobierno ensalza en el expediente del indulto al líder de ERC, Oriol Junqueras, por su, dice, actitud en la "búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña" así como el "abandono público de la vía unilateral" . Afirma el Ejecutivo, pese a lo que se ha visto hoy mismo, que este "abandono" se ha evidenciado en varias ocasiones. Además, destacan que su "peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña resulta indiscutible".
"La consideración de indeseable e inviable de la vía unilateral después de defenderla durante años indica una evolución positiva del condenado en su tratamiento penitenciario", destaca el Gobierno en dicho expediente.
La "evolución" de Junqueras
En ese texto, el Gobierno valora que la apuesta de Junqueras "por la vía del diálogo parece a día de hoy decidida". "Según se desprende de sus propios escritos y declaraciones en medios, durante los tres años y medio que lleva cumpliendo condena ha experimentado una evolución que le ha llevado abogar por el diálogo y la negociación como únicas vías posibles para la consecución de sus objetivos políticos", asegura Justicia en el expediente.
Es más, el Ministerio de Juan Carlos Campo destaca que "la literalidad de sus palabras refleja una clara apuesta por reconducir la acción política independentista a los cauces del diálogo y reconoce como indeseable cualquier acción no pactada con el Estado".
El Ejecutivo asevera que Junqueras comenzó a dar pruebas de su evolución positiva en el juicio del 1-O, cuando en su alegato final defendió la necesidad de "devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debía de haber salido", y acabó realizando un llamamiento al diálogo sobre la base de que "hablar y escuchar es la base de todo entendimiento".
En la misma línea hacen referencia a la carta abierta que publicó en La Vanguardia en diciembre de 2020, bajo el título 'Vía amplia para la independencia', a las declaraciones que realizó en 2021 durante una salida penitenciaria, en las que ya sí se pronunció "nítidamente", según el Gobierno, "sobre el abandono de la vía unilateral y la necesidad de entablar un amplio diálogo entre todos los actores implicados".
Aún más claras fueron, según el Ejecutivo, sus afirmaciones en la carta 'Mirando al futuro' del pasado 7 de junio, en la que el Gobierno señala que ya sí reconoció "el fracaso de la vía unilateral".
Según el Gobierno, la evolución y las declaraciones de líder de ERC no deben ser solo tenidas en cuenta "a la hora de ponderar el arrepentimiento, el comportamiento o la buena disposición" de Junqueras como criterios que le hagan "personalmente merecedor del indulto", sino que también "aportan factores o indicios sobre la utilidad pública de la decisión, en la medida en que puedan favorecer objetivamente la vía del diálogo".
En este contexto se enmarca la defensa que hace el Gobierno en su escrito del rol que juega Junqueras como "uno de los principales actores políticos en la escena catalana".
"Esa posición es la que le situó como uno de los máximos responsables de los delitos cometidos con ocasión del referéndum ilegal y posterior declaración de independencia, pero también hacen de él una persona clave para la restauración de la convivencia", asegura Justicia.
Según el Gobierno, prueba de ello es que, tras su entrada en prisión, "haya seguido obteniendo importantes apoyos como candidato en diferentes citas electorales", tal y como recuerda el Gobierno. "Como indudable protagonista del conflicto y líder de una de las principales formaciones catalanas (concretamente la que hoy preside la Generalidad de Cataluña), su peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña resulta indiscutible", destaca el Gobierno.
El "obstáculo" de las condenas
En el conjunto de los expedientes, el Gobierno afirma que la prisión de los golpistas supone un "claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, así como un escollo para la superación del conflicto que protagoniza la política catalana en la última década".
En la propuesta de indulto se dice que son muy conscientes "de la gravedad de lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017", y añade que "quienes llevaron a cabo tales hechos no solo actuaron ignorando la Constitución, sino que también ignoraron a quienes no piensan como ellos (...). Cegados por sus objetivos políticos, olvidaron las leyes que nos les gustaban y a las personas que no les apoyaban".
No obstante, se considera que la realidad social y política a la que ha dado lugar el encarcelamiento de los condenados afecta indudablemente a esa convivencia democrática entre catalanes, "condicionando negativamente las relaciones entre Cataluña y el resto de España y obstaculizando la superación del conflicto existente".
Moncloa considera que de la concesión de estos indultos no se deriva "ningún efecto pernicioso e irreversible a los valores de la Justicia", ni "tampoco merma o debilita el Estado de derecho, sino que, al contrario, "el perdón de la pena que conlleva es muestra evidente de su fortaleza" porque "solo desde la robustez de un Estado de derecho sólidamente asentado se puede entender la existencia de un mecanismo como el indulto".
Críticas al PP
Incluye en los expedientes críticas al PP, del que dice que "eludió cualquier acción política y dejó en manos de la Justicia toda respuesta a los desafíos de las instituciones catalanas, que fueron creciendo en intensidad".
"Ese planteamiento sirvió para mostrar la fortaleza del Estado de derecho, pero no para restaurar la desafección de una parte muy importante de la sociedad catalana. Los datos de opinión pública lo evidencian".
Razones de utilidad pública
Para sustentar los indultos se amparan en el criterio de razones de utilidad pública, que el mismo documento reconoce que es un concepto "abierto, indeterminado y de naturaleza esencialmente política".
Dichas razones serían en este caso "la excepcional situación de Cataluña y la acuciante necesidad de responder, cuanto antes, a la profunda crisis social y política que, desde hace demasiado tiempo, viene condicionando y erosionando la paz social y la garantía de la convivencia democrática en Cataluña y, por extensión, en toda España".
"El debate público suscitado es un claro reflejo de la trascendencia política del caso y evidencia la existencia de intereses generales en juego que van más allá de la situación jurídica del condenado", añade.
La "dificultad" de concederlos
Apuntan que, aunque esta medida genera incomprensión en parte de la sociedad, algo que la propuesta "reconoce y valora", el Gobierno subraya que es una decisión "difícil" que se adopta con "responsabilidad y convicción".
"Posiblemente sería más sencillo para el Gobierno no concederlo, pero, en ese caso, estaríamos cruzándonos de brazos ante el mayor problema político que tiene España y perdiendo una oportunidad para el reencuentro y la reconciliación dentro del nuevo clima de normalización institucional en Cataluña que pretendemos favorecer con esta decisión", concluyen.