Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital aseguran que el informe del Consejo de Europa favorable a conceder el indulto o la excarcelación de los golpistas del 1-O es "un desprecio a la independencia judicial y a España". Dicho informe podría ser utilizado por el Gobierno de Pedro Sánchez para justificar los indultos.
La propuesta de resolución titulada "¿Debería juzgarse a los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?", ha sido elaborada por el parlamentario letón Boriss Cilevics y analiza la situación de la libertad de expresión política en España y Turquía. El documento sostiene que los condenados por el 1-O son presos políticos y exhibe el Convenio Europeo de Derechos Humanos para señalar que éste "protege la libertad de expresión de todas las personas, incluido el derecho a hacer declaraciones que escandalicen o moleste a quienes no compartan sus mismas opiniones".
El texto, que será debatido en el pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) entre el 21 y el 24 de junio, aconseja también a España la reforma del Código Penal en lo relativo a los delitos de rebelión y sedición para que no den lugar a "sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas" y reclama que se inicie "un diálogo abierto y constructivo con el conjunto de las fuerzas políticas de Cataluña".
Las fuentes jurídicas consultadas por LD denuncian que este informe "trata en paralelo el caso turco y el español, pero al partir de las mismas premisas, las mezcla y equipara. Altera unos hechos para adaptarlos a una conclusión predeterminada y comprar así el relato independentista catalán de arriba a abajo. Aunque el Tribunal Supremo tras un juicio público, con todas las garantías y visto en todo el mundo, declaró en su sentencia que hubo violencia, el informe del Consejo de Europa sostiene que las actuaciones de los independentistas fueron ‘impresionantemente pacíficas’".
"Es el desprecio más grande que cabe imaginar a la independencia judicial de un Estado miembro del Consejo de Europa, propiciado por mezclar el caso de Cataluña con Turquía. El autor del informe también se erige en el intérprete del artículo 544 del Código Penal (delito de sedición) para acabar justificando que fue indebidamente aplicado, para despreciar aún más si cabe al Tribunal Supremo", añaden.
"No cabe engañarse, el informe del diputado del parlamentario letón no sólo deslegitima el poder judicial español y al Tribunal Supremo, deslegitima a España como un Estado viable. En este punto, cabe preguntarse si esto es lo que busca el Gobierno o si, sencillamente y en su infinita torpeza, es lo que es incapaz de anticipar", concluyen con rotundidad.
Polémico diputado letón
El parlamentario letón Boriss Cilevics protagonizó un polémico viaje a Madrid y Barcelona en febrero del pasado año, donde mantuvo encuentros tensos con fiscales del juicio del 1-O y con parlamentarios catalanes. También levantó polémica que el Congreso destinara cerca de 5.000 euros en sufragar el coste de esa visita.
La propuesta de resolución de Cilevics recuerda que algunos de los presos fueron condenados, además de por organizar un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español, por "desvío de fondos públicos", pero sostiene que ningún condenado "hizo uso de la violencia".
El texto apuesta también por "la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos catalanes residentes en el extranjero que sean buscados por los mismos motivos", en alusión, entre otros, al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont. Además, solicita que "decaigan los juicios pendientes a los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional de 2017", y propone "iniciar un diálogo abierto y constructivo con el conjunto de las fuerzas políticas" de Cataluña.