El Consejo de Europa tiene previsto someter a discusión el próximo 21 de junio un informe redactado por uno de sus miembros, el letón socialista Boriss Cilevics, según ha adelantado El Mundo y al que ha accedido Libertad Digital. El texto podría salir adelante con el apoyo del PSOE.
Clevics perteneció al Parlamento Europeo y en febrero de 2020 mantuvo un polémico encuentro con el entonces presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que motivó el rechazo de PP y Cs a reunirse con él por celebrar esa cita que se prolongó durante media hora.
El texto ha sido denunciado por el jefe de la delegación de Vox, Jorge Buxadé, que el pasado 4 de mayo escribió un artículo en La Gaceta titulado "Imbéciles", en el que asegura que "miente" y acusa a su autor de "ser un mentiroso bien pagado" y de comportarse como un "imbécil".
"El informe no se sostiene desde ningún punto de vista, ni jurídico, ni procesal, ni por supuesto político; con la finalidad de confundir al resto de miembros del Consejo de Europa, y por supuesto a la opinión pública internacional", aseguró.
Infamia de documento
El documento, que todavía es preliminar, sugiere que los condenados por el 1-O son presos políticos, exhibe el Convenio Europeo de Derechos Humanos para decir que éste "protege la libertad de expresión de todas las personas, incluido el derecho a hacer declaraciones que escandalicen o moleste a quienes no compartan sus mismas opiniones", para justificar su apoyo a los golpistas catalanes.
En este informe, Clevics reclama indultar o excarcelar a los condenados por el 1-O, además de pedir que se modifiquen o deroguen los delitos de sedición y rebelión en España, tal y como pretende hacer el Gobierno de España, según han deslizado varios ministros y el propio presidente, Pedro Sánchez.
Entre otras sugerencias o peticiones, el documento insta al Gobierno español a que "considere el abandono de los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero y que son buscados por los mismos motivos"; "abandonar los procesos restantes de los funcionarios de menor rango implicados en el referéndum inconstitucional de 2017" o "abstenerse de sancionar a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos".
El extenso texto de 28 páginas habla también de "garantizar que la disposición penal sobre malversación de fondos públicos se aplique de manera que la responsabilidad surja solo cuando puedan establecerse pérdidas reales y cuantificadas para el presupuesto o el patrimonio del Estado" o "abstenerse de exigir a los políticos catalanes detenidos que renieguen de sus profundas opiniones políticas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o de una posibilidad de indulto" y pide en su lugar que "se les exija que se comprometan a perseguir sus objetivos políticos sin recurrir a medios ilegales".
"Diálogo constructivo"
Por último, insta a "entablar un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Cataluña, incluidas las que se oponen a la independencia, con el fin de alcanzar un compromiso que permita a España, una democracia europea fuerte, resolver las diferencias políticas, incluso en cuestiones delicadas, sin recurrir al derecho penal".
El Consejo de Europa está integrado por 47 países europeos, salvo Bielorrusia, tiene su sede en Estrasburgo y de él emana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque sus resoluciones no son judiciales, tienen un marcado carácter político y suelen utilizarse para esos fines.
El informe podría salir adelante con el apoyo del PSOE para justificar todas las actuaciones que está llevando a cabo con el objetivo de favorecer a los golpistas y que reclama, punto por punto, el texto escrito por el letón.