Varapalo judicial al Gobierno: el CGPJ aprueba por 15 votos a 6 el informe crítico con la Ley de Memoria Democrática

El pleno del Consejo General del Poder Judicial CGPJ ha aprobado el informe crítico con la Ley de Memoria Democrática que prepara la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El dictamen, que ha salido adelante sin modificaciones, ha obtenido el voto de 15 de los 21 vocales que integran el pleno.

Concretamente, han votado en contra los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Juan Martínez Moya y Concepción Sáez. En este contexto, han anunciado voto particular concurrente los vocales Álvaro Cuesta, al que se adherirán Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda; y el vocal Enrique Lucas, al que se adherirá el vocal Vicente Guilarte. Por su parte, formularán voto particular discrepante los vocales Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya; los vocales José Antonio Ballestero y José María Macías y la vocal Concepción Sáez.

La ponencia aprobada fue elaborada por los vocales del CGPJ Roser Bach (progresista) y Wenceslao Olea (conservador). El informe de 102 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, denuncia que el anteproyecto del Gobierno sobre la Ley de Memoria Democrática, vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de reunión, al querer eliminar fundaciones vinculadas con el franquismo así como prohibir sus manifestaciones.

El dictamen del CGPJ apunta que la incitación al odio contra las víctimas se manifiesta con expresiones que el legislador puede limitar en la medida en que afectan a la dignidad de estas; pero añade que la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión. Además, sostiene que la futura Ley no debería alcanzar a los supuestos en los que el ejercicio del derecho de reunión está sujeto al régimen jurídico previsto en la LO 9/1983, reguladora del derecho de reunión.

El mismo informe cuestiona también la creación de la Fiscalía de Memoria Democrática, que ha respaldado la fiscal general del Estado Dolores Delgado, y asegura que ante todo su denominación tendría que ser Fiscalía de Derechos Humanos.

El CGPJ señala que "sin prejuzgar el juicio de oportunidad que sustenta la opción del prelegislador, cabe advertir que esta decisión organizativa respecto de la estructura del Ministerio Fiscal no parece corresponderse con el carácter esencialmente administrativo de las medidas e instrumentos de protección de las víctimas contemplados en el Anteproyecto de Ley, por lo que el desempeño de las funciones constitucionales propias del Ministerio público en ámbitos reservados a la actuación de las administraciones públicas no se revela como particularmente idóneo".

Eliminación de símbolos

Por último, el informe reprocha al Ejecutivo que quiera eliminar símbolos supuestamente vinculados con el franquismo o la guerra civil sin tener en cuenta su valor cultural, histórico y artístico. Según el informe del CGPJ, "debe tomarse en consideración que ello implica la posible existencia de símbolos y elementos susceptibles de retirada conforme a lo dispuesto en el APL (Anteproyecto de Ley) que, sin embargo, incorporen un valor histórico, cultural y/o artístico relevante".

"En este sentido", continúa el CGPJ, "procede recordar que el artículo 46 Constitución Española establece que: los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio".