El titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha ordenado a los Mossos que investiguen si la Generalidad cometió algún delito al paralizar la vacunación de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con destino en Cataluña. La investigación es fruto de las denuncias del sindicato de la Policía Nacional Jupol (Justicia Policial) y la asociación de la Guardia Civil Jucil (Justicia para la Guardia Civil) en las que atribuyen al departamento de Salud y a la Generalidad un delito de prevaricación y otro contra el derecho de los trabajadores.
El juez también ha remitido las denuncias a la Fiscalía para que solicite las diligencias tendentes a determinar si la Generalidad cometió algún delito en el proceso de vacunación de policías nacionales y guardias civiles. Como se recordará, la Fiscalía acusó a la Generalidad de discriminación por no vacunar a los agentes dependientes del Ministerio del Interior destinados en Cataluña. Según el Ministerio Público, "resulta obvio que, de ser ciertos los hechos alegados, se habría causado, o se estaría causando, además de un patente incumplimiento normativo, una clara e injustificada situación de discriminación por parte de la administración sanitaria catalana demandada, respecto de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacional que prestan sus servicios en Cataluña en relación con otros cuerpos de seguridad (autonómico y locales) de la misma comunidad autónoma".
Acto seguido, el 27 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó a la consejería de Salud vacunar a los policías y guardias civiles "sin excusas ni dilaciones". La actuación del TSJC venía motivada por las demandas de los sindicatos policiales, que denunciaban que mientras en otras regiones se había vacunado al 75% de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en Cataluña sólo habían recibido la primera dosis de la vacuna un 15% de sus efectivos frente al 80% de Mossos, Bomberos de la Generalidad y policías locales.
El TSJC emitió una dura resolución que no sólo accedía a las medidas cautelares solicitadas por Jupol y Jucil para que los agentes de estos cuerpos fueran vacunados por la Generalidad, sino que daba un plazo de diez días para que hubiera un mismo número de policías nacionales y guardias civiles vacunados que de mossos y policías locales.
Alba Vergès (ERC), en aquel momento consejera de Salud, aseguró que no se había vacunado a los agentes por el retraso en el envío de vacunas, por la suspensión temporal de AstraZeneca y porque la consejería de Sanidad había cambiado de criterio y ya sólo se tenía en cuenta la edad. Sin embargo, los datos la delataban: Más del 85% de los miembros de los Mossos ya han sido vacunados frente a un 15% de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por si fuera poco, la excusa de la consejería de Interior es diferente y aludía a un supuesto fallo en el censo de agentes entregado por la Delegación del Gobierno a la Generalidad.
El separatismo en pleno saltó en contra de la orden del TSJC. Puigdemont acusó a los agentes "que agredieron a los ciudadanos al grito de 'a por ellos'" de ser unos "privilegiados" y el que entonces era el secretario de Salud de la Generalidad y ahora es el consejero del ramo por la cuota de Junts per Catalunya (JxCat), el doctor Josep Maria Argimon, llegó a decir que la orden de vacunar a policías y guardias civiles obligaría a retrasar la vacunación de las personas mayores de setenta años a pesar de que en esos momentos ya estaban siendo vacunados los mayores de sesenta.