Ofensiva política de Carles Puigdemont para explotar la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de dictar unas medidas cautelares que devuelven al prófugo la inmunidad como eurodiputado. El TJUE ha avalado la petición de la defensa de Puigdemont y de los también fugados Toni Comín y Clara Ponsatí, que de esta manera podrán asistir a la reanudación de las sesiones del Parlamento Europeo en Estrasburgo sin correr el riesgo de ser detenidos.
El pleno del Parlamento Europeo votó a favor del suplicatorio emitido por el Tribunal Supremo en el que se pedía la retirada de la inmunidad de los tres dirigentes separatistas. Su defensa recurrió y se les ha devuelto la inmunidad "hasta que se adopte el auto que ponga fin al presente procedimiento de medidas provisionales".
La provisionalidad de la decisión no es óbice para que Puigdemont venda que ha logrado otro triunfo frente a la justicia española tras las negativas de Alemania y Bélgica a extraditarlo. Su abogado, Gonzalo Boye, condenado por el secuestro de Emiliano Revilla, también ha sacado pecho en una entrevista en la emisora del conde de Godó Rac 1 y ha dicho que la decisión del TJUE permitiría a Puigdemont regresar a España, pero que no lo recomienda que lo haga porque no sería la primera vez que la justicia española vulnera las normas europeas. No obstante, ha apuntado que "Puigdemont regresará a Cataluña mucho antes de lo que otros desearían" sin temor a ser detenido.
Decisión contra el Supremo
Boye también ha asegurado que la decisión del TJUE no es ni contra el Parlamento europeo ni contra el Gobierno de España, sino contra la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la que emitió el suplicatorio.
Por su parte, el prófugo ha dado una rueda de prensa junto a Comín y Ponsatí en la que ha cargado contra la justicia española, a la que ha comparado con las de Polonia y Hungría, y ha pedido al Parlamento Europeo que no presente alegaciones "porque protegiendo nuestros derechos políticos saldría reforzado".
Puigdemont trata de sacar cabeza en un debate político marcado por la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a los condenados por el golpe de Estado separatista. El Gobierno también planea impulsar la reforma del delito de sedición, lo que facilitaría un hipotético retorno del expresidente catalán a España ya que la pena a afrontar sería mucho menor.