El nuevo consejero de Educación de la Generalidad catalana, el republicano Josep González Cambray, se ha estrenado en el Parlament haciendo gala de su totalitarismo lingüístico contra la lengua española. Preguntado por la diputada del PP Lorena Roldán sobre si iba a acatar y aplicar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligan a impartir un 25% de las clases en español, González Cambray se ha salido por la tangente y ha hecho un encendido elogio del sistema de inmersión lingüística.
Según el consejero, "ustedes (en alusión al PP) parten de una premisa falsa, de un conflicto que no existe. El modelo es la inmersión, que tan bien ha funcionado durante años", ha añadido. Roldán ha replicado que "es una vergüenza que los padres tengan que acudir a los juzgados para defender el derecho de sus hijos a recibir una enseñanza también en español. Su sistema es ilegal, dejen de imponer el catalán". También le ha afeado la carta que envió la semana pasada a los docentes en la que les decía que ellos serían "protagonistas" de la "Generalidad republicana". "Dejen de utilizar a los profesores para adoctrinar e imponer sus ideas", ha declarado Roldán.
El diputado de Ciudadanos Ignacio Martín Blanco ha vuelto a la carga en la sesión de control al Govern con la exclusión del español en el sistema educativo y González Cambray ha vuelto a hacer gala de su totalitarismo y ha negado que en las aulas catalanas se produzca ninguna discriminación por razones lingüísticas.
Las dos últimas sentencias del TSJC, dadas a conocer el pasado marzo, tumbaban los planes de estudio de dos centros educativos públicos de Barcelona y Abrera porque no contemplaban el español como lengua vehicular y no reconocían que el 25% de enseñanzas curriculares se debían hacer en ese idioma.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) llegó a asegurar que tales sentencias tenían "una trascendencia histórica en la medida que obligarán a cambiar todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos de Cataluña que en un 95% de los casos sólo establecen que el catalán es la lengua vehicular de enseñanza".
La entidad aseguraba también que "se puede concluir que las sentencias dejan sin efecto el modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán por considerarlo contrario a la Constitución española". La AEB pidió formalmente a la consejería de Educación que se dictaran las instrucciones pertinentes para adaptar los planes de estudio a las sentencias.
Como es habitual, la Generalidad ha hecho caso omiso. Y como es habitual también, el incumplimiento no tiene ninguna consecuencia para los responsables políticos y educativos de la administración autonómica.