El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha quedado en libertad sin medidas cautelares, tras su declaración de menos de 2 horas por videoconferencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Una declaración que se ha efectuado desde el hospital de Logroño, donde permanece ingresado por covid-19 y en la que ha defendido su inocencia.
Pedraz ha rechazado decretar la prisión provisional ni otro tipo de medidas cautelares respecto Brahim Ghali. En sendos autos que responden a la petición de medidas por los querellantes en las dos causas por las que ha declarado, el magistrado acuerda que Ghali aporte un domicilio y teléfono en España a fin de estar localizado. El fiscal y el abogado de la defensa se han opuesto a la adopción de medidas cautelares
El juez señala que en el presente caso "no puede apreciarse riesgo de fuga alguno. No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración".
Además, recuerda que Ghali no puede ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, máxime a la vista de la fecha de los hechos investigados y que no se ha solicitado diligencias de prueba alguna y menos aún que el mismo pueda actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna.
Por último, el juez indica que "el informe de la acusación (que aparte su poder otorgado ha sido cuestionado) no ha suministrado elementos siquiera indiciarios (las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado), que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno; no bastando, por obvio, para acordar medidas cautelares personales el indicar que el Sr. Ghali entró en España ilícitamente".
El líder del Frente Polisario aterrizó en la base militar de Zaragoza el pasado 18 de abril en un avión medicalizado procedente de Argelia. Posteriormente, ingresaba en el Hospital San Pedro de Logroño con un nombre falso. Esta actuación del Gobierno de Pedro Sánchez de ocultar a Ghali en nuestro país desataba la crisis con Marruecos en la frontera de Ceuta. Ghali tenía que responder ante la justicia española tras la presentación de varias querellas por presuntos delitos de genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas, desapariciones y lesa humanidad.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que Ghali "sólo ha contestado las preguntas de su abogado y que se ha negado a responder a la acusación". Además, ha rechazado haber cometido ningún delito. Ghali ha atribuido a las acusaciones un motivo "político" para "tratar una vez mas de minar la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino a la autodeterminación".
Según su abogado, el líder del Polisario ha negado haber cometido tortura o cualquier acto ilegal contra ciudadanos del Sáhara Occidental y que los hechos en los que se basan las acusaciones en su contra son falsas. El letrado de Ghali también ha asegurado que pedirá a la Audiencia Nacional el archivo de la causa.
Pedraz le citó inicialmente para que respondiera a la querella presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica, que le acusa de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de Tinduf. Según Breica, a su llegada a los asentamientos de refugiados saharauis en dicha localidad argelina fue amenazado por agentes del Frente Polisario para que se fuera. Lejos de hacerlo, organizó actos de protesta, siendo arrestado por militares y trasladado a centros de detención indeterminados donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.
Poco después, Pedraz reactivó una segunda querella, presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra Ghali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, "especialmente" a los de origen español.