El magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quiere absolver a los 8 condenados por el asedio al Parlamento catalán el 15 de junio de 2011 para "ahorrar" al Gobierno de Pedro Sánchez tener que enfrentarse a otra petición de indulto. El Tribunal Supremo revocó en el 2015 su absolución acordada previamente por la Audiencia Nacional y les condenó por un delito contra las Instituciones del Estado a 3 años de prisión.
Los condenados están relacionados con la extrema izquierda independentista catalana próxima a la CUP y con el llamado movimiento de los indignados del 15-M. El Ejecutivo de PSOE y Podemos ya está tramitando al menos una petición de indulto de los 8 condenados y el Parlamento catalán se posicionó a favor de concedérselo el pasado mes de noviembre. Sin embargo, antes el Tribunal Constitucional debe resolver el recurso de amparo que presentaron. Si el TC lo estima, quedarían absueltos y el Gobierno no tendría que resolver otro comprometido indulto que podría poner en riesgo su acuerdo de legislatura con ERC. Todo ello, después de que el Supremo con un demoledor informe rechazase la semana pasada el otro gran indulto que se tramita, el de los golpistas del 1-O.
Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital aseguran que Conde-Pumpido ya "ha convencido" al presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, para que apoye su borrador de sentencia que contempla dar amparo a los condenados y por tanto, su absolución. Dicho borrador será debatido en el Pleno del TC de este martes y sostiene que el Supremo no podía revocar la absolución de los condenados que había acordado previamente la Audiencia Nacional.
Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que Pumpido tiene varios objetivos: "Un acercamiento a los independentistas catalanes, ayudar al Gobierno socialista para que no tenga que desgastarse ante la resolución de un nuevo polémico indulto, mantener sus propias opciones de optar a la presidencia del Tribunal Constitucional, y finalmente, desprestigiar al Supremo que ha salido muy reforzado tras rechazar con contundencia el indulto de los condenados del 1-O".
Conde-Pumpido ya presentó hace casi 2 años una ponencia que planteaba estimar el recurso de amparo solicitado por los 8 condenados directamente en su Sección sin tener que debatirla en el Pleno del Alto Tribunal. No obstante, al no conseguir recabar el apoyo necesario fue retirada y el asunto sigue pendiente de resolverse.
Tal y como publicó este diario, desde que el magistrado progresista del TC y ex fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero se viese obligado a apartarse de las sentencias sobre el golpe del 1-O por unas declaraciones realizadas en 2017, "sus guiños al Ejecutivo socialista han sido constantes".
El asedio al Parlamento catalán
El asedio al Parlamento catalán en el 2011 fue protagonizado por más de 3.000 "indignados" del movimiento 15-M y por grupos antisistema y de extrema izquierda independentista que vejaron, insultaron, agredieron y coaccionaron violentamente a varios diputados para impedir el desarrollo del pleno previsto para aprobar los primeros presupuestos del Gobierno de Artur Mas. El entonces presidente catalán tuvo que acceder en helicóptero a la Cámara. Los Mossos cargaron contra los manifestantes y detuvieron a varias personas.
Tras estos sucesos, el propio Parlamento catalán pidió tres años de cárcel para 20 de los manifestantes que participaron en el asedio al considerar que cometieron un delito contra las instituciones del Estado impidiendo la entrada de parlamentarios. Por su parte, la Generalidad pidió la misma pena para cuatro de ellos. Ambas instituciones se personaron en el proceso judicial como acusación particular.
La Audiencia Nacional absolvió a 19 de los 20 acusados en el 2014, provocando la indignación de la Fiscalía y de la Generalidad, que junto al Parlamento catalán recurrieron el fallo ante el Supremo. En marzo de 2015, el Alto Tribunal anuló la sentencia de la Audiencia Nacional y condenó finalmente a 8 de los acusados a tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado. Ahora el TC podría absolverlos definitivamente.