ERC pretende representar una suerte de independentismo "pragmático" y "moderado" en contraste con Junts per Catalunya (JxCat), el partido al que se tiene por más duro en sus planteamientos separatistas. Sin embargo, un repaso en profundidad de la hoja de servicios independentista de los consejeros de ERC en el nuevo Govern de Pere Aragonès muestra que cuatro de los siete tienen causas pendientes con la Justicia.
El más conocido de todos, Roger Torrent, expresidente del Parlament, es investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por haber facilitado la tramitación de debates y resoluciones sobre la autodeterminación y la monarquía. La Fiscalía le acusa de un posible delito de desobediencia, que no está penado con la cárcel pero sí con la inhabilitación, tal como le sucedió a Quim Torra. Torrent será consejero de Empresa y Trabajo.
Otra de las afectadas es Tània Verge, titular de Feminismos e Igualdad. Está pendiente del recurso de la Fiscalía contra la sentencia absolutoria de un juzgado de Barcelona por su papel como integrante de la "junta electoral" que debía velar por el referéndum golpista. La inminente consejera afrontaba una petición de pena de dos años y nueve meses de cárcel por los cargos de usurpación de funciones y desobediencia. Los integrantes de la sindicatura electoral arguyeron que no llegaron a ejercer sus cargos. La Fiscalía quiere que se repita el juicio.
La consejera de Cultura, Natàlia Garriga, está procesada en el juzgado número 13 de Barcelona por su participación en los preparativos del golpe del 1-O en calidad de directora de Servicios de la Secretaría General de la Vicepresidencia que ostentaba Oriol Junqueras. Se le atribuye un delito de malversación.
Garriga fue una de las personas detenidas en la jornada del 20 de septiembre de 2017, el día del asedio contra una comitiva judicial en el registro de la consejería de Economía. La Guardia Civil le atribuía el papel de enlace entre el entonces secretario general de Vicepresidencia y actual presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, y la encargada de una nave industrial donde se almacenaba material y documentación del referéndum.
Aforamientos
Su nombramiento como consejera obligará a que su expediente pase del juzgado número 13 al TSJC, donde también están los del citado Jové y el diputado de ERC Lluís Salvadó, investigados por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.
Por último, el consejero de Educación, Josep González Cambray, fue detenido el 28 de octubre del pasado año en el marco de la operación Volhov, una investigación del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona sobre el desvío de fondos públicos para financiar el golpe de Estado y las actividades de Puigdemont, entre otras materias.
A González Cambray se le relacionaba con un proyecto de Xavier Vendrell (exmiembro de la banda terrorista Terra Lliure, exconsejero de ERC en el Tripartito y miembro del denominado "estado mayor" que organizó el 1-O) para ampliar el concierto de una escuela de educación especial. Al igual que en el caso de Natàlia Garriga, su caso pasará al TSJC en cuanto tome posesión del cargo, una ceremonia prevista para este miércoles por la mañana.